La decisión fue “generada por el default del pago del 2 de noviembre, cuando PDVSA debía pagar US$ 1,169 millones en capital relativo a notas 2017.

Con un nivel de reservas de US$ 10,000 millones y una economía devastada, Venezuela debe pagar en lo que resta del año deuda por unos US$ 1,800 millones, y unos US$ 8,000 millones en el 2018.

En el 2001, Venezuela bombeaba más de tres millones de barriles por día. El mes pasado, la producción nacional de crudo cayó a 1.95 millones de barriles diarios.

Según datos de la firma Torino Capital, la petrolera estatal PDVSA de Venezuela y el país acumulan unos US$ 48,900 millones en deuda total, incluyendo bonos y pagarés.

El gobierno colombiano ha hecho planes de contingencia en caso de un éxodo súbito y masivo de venezolanos, pero desde ya hay iglesias y organizaciones sin fines de lucro que están ayudando a los inmigrantes.

Rosneft ahora revende cerca de 225,000 barriles por día (bpd) de crudo venezolano, equivalentes al 13% de las exportaciones totales del país sudamericano, lo suficiente para satisfacer la demanda diaria de un país como Perú.

La llamada cláusula democrática fue activada por los países del Mercosur en abril, cuando ya habían alertado una “ruptura del orden democrático” e iniciaron un proceso de consultas, previo a la suspensión.

El gobierno de Donald Trump también está discutiendo impedir las importaciones a Estados Unidos de petróleo venezolano, aunque no se tomó ninguna decisión al respecto.

Durante el paro, que según la oposición fue cumplido al 85%, ocurrieron choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes en varias regiones, que dejaron cinco muertos y 367 detenidos, según la Fiscalía y la ONG Foro Penal.

Standard & Poor’s con sede en Nueva York mantuvo su perspectiva negativa para Venezuela, indicando un margen para nuevas rebajas. Fitch Ratings y Moody’s Investors Service también clasifican al país a niveles especulativos.

La fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista, ha fracturado al oficialismo al convertirse en férrea crítica del mandatario Nicolás Maduro y su convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Esta decisión se da poco después que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibiera salir del país y congelara sus activos y cuentas bancarias como parte de un proceso que le abrieron y podría provocar su enjuiciamiento y destitución.

Luisa Ortega afirmó que “hay una clara intención de anular al Ministerio Público” con dos sentencias emitidas la noche del martes, que dieron atribuciones de investigación de la Fiscalía al oficialista defensor del pueblo, Tarek William Saab

Nicolás Maduro, que recuerda frecuentemente cuando era conductor de autobús para destacar sus inicios en la clase obrera, hizo una inusual condena a las últimas muertes aunque sin dar nombres concretos.

Los manifestantes quemaron tres camiones que transitaban por el lugar y derribaron parte del cerco metálico, desatándose choques con militares que intentaban dispersarlos con gases lacrimógenos.

La muerte del adolescente, identificado como Fabián Urbina, puso en cuestión una declaración del ministro de Defensa y jefe de la Fuerza Armada, general Vladimir Padrino López, de que los militares no usan armas letales para contener las protestas.

El mandatario Nicolás Maduro señaló que las cuentas en Twitter habían sido desactivadas por la única razón de pertenecer a “chavistas”.

La Asamblea legislativa, de amplia mayoría opositora, respalda a la fiscal Luisa Ortega en su enfrentamiento con Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que Ortega acusa de haber roto el orden constitucional.

El banco ruso sondeó a los inversores la semana pasada sobre la compra de un bono de Venezuela al 2036, un papel por US$ 5,000 millones que está en poder del Banco de Venezuela desde que se emitió a fines del 2016.

Luisa Ortega, que ha abierto una brecha en el oficialismo, aseguró que la Constituyente de Nicolás Maduro “destruye” el legado de Hugo Chávez y rechazó el sistema para elegir a los asambleístas, por estimar que reduce el voto a la “mínima expresión”.

El gobierno chavista de Nicolás Maduro ha estado ofreciendo bonos de Venezuela con grandes descuentos con el objetivo de levantar dinero fresco que sostenga a una economía en crisis.

La fiscal venezolana se ha distanciado del gobierno al rechazar la Constituyente, por considerar que agravará la crisis del país, y criticar decisiones del máximo tribunal contra el Parlamento, único poder que controla la oposición.

A la manifestación de la oposición se unió un grupo de unos 40 militares retirados, quienes denunciaron los atropellos de la Fuerza Armada contra los manifestantes.

Las acusaciones del ministro de Interior y Justicia de Venezuela se produjeron después de que la fiscal general, Luisa Ortega, responsabilizara a la militarizada Guardia Nacional por la muerte de un joven y cientos de heridos durante las manifestaciones.

Armados con escudos caseros, piedras y cócteles Molotov, los manifestantes se enfrentan a los agentes de seguridad y construyen barricadas con ramas, muebles y bolsas de basura, para bloquearles el paso, lo que causa un caos de tráfico.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se declaró por primera vez muy preocupado por Venezuela y dijo que está en contacto con varios mediadores para facilitar una salida a la crisis.

William Galaviz, alcalde del municipio de Guasimos, al que pertenece Palmira, señaló a periodistas que el joven murió de un disparo en el tórax, aunque no ofreció más detalles.

La grabación difundida en las redes sociales, fusiona en blanco y negro las declaraciones de 11 jugadores de la “vinotinto”, como el delantero del West Bromwich de Inglaterra, Salomón Rondón, o el defensa del Nantes de Francia, Oswaldo Vizcarrondo.

En el sector de la salud venezolano, los médicos han emigrado en masa y los pacientes tienen que conformarse con un tratamiento de segunda categoría o ninguno en absoluto.

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El bullicio típico del Jirón de la Unión dio paso a una arenga menos habitual. “Arepa”, anuncian los venezolanos, y la crisis de todo un país se esconde tras el arduo trabajo de los migrantes.

“Hemos llegado a un punto que no tiene otro retorno que el de las elecciones generales inmediatas para que la gente de Venezuela pueda expresarse y redemocratizar el país”, afirmó Luis Almagro.

Añadió que los propios oficiales le hicieron llegar la información a través de sus familias, y negó que estuvieran planeando alguna acción para deponer al presidente Nicolás Maduro.

Las mujeres pidieron a los ministros de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, y de Interior y Justicia, Néstor Reverol, que velen para que a ninguna le pase nada en su movilización, que partirá desde el este de Caracas.

El proyecto de ley también insta al presidente Donald Trump a tomar “todas las medidas necesarias” para prevenir que la petrolera rusa Rosneft tome control de la infraestructura energética de Estados Unidos.

La representante interina de Venezuela ante la OEA, Carmen Luisa Velásquez, se reunió con el secretario general de la entidad en Washington, el uruguayo Luis Almagro, a quien le entregó la carta en la que el gobierno formalizó su denuncia del tratado constituyente del bloque continental.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocurren en momentos en que el gobierno venezolano se alista a comenzar el proceso de retiro de la OEA.

Siete de cada diez venezolanos reprueba la gestión de Nicolás Maduro, cuyo mandato concluye en enero del 2019, hastiados de la escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que según el FMI llegará al 720.5% este año, la más alta del mundo.

La jornada de protestas de este lunes tuvo un saldo fatal de dos fallecidos por herida de bala, uno en el estado de Mérida y otro en el de Barinas (oeste), con lo que suman 23 los fallecidos desde que se reiniciaron las protestas.

“Nicolás. El pueblo de San Félix te ama y te quiere alimentar: por eso te tiraron huevos, tomates, verduras, conchas de plátanos y demás”, señaló el expresidente del parlamento, Henry Ramos.

El pasado 3 de abril, Maduro extendió de dos a cinco días el feriado de Semana Santa para los funcionarios públicos, en plena controversia con la OEA, que ese día declaró una grave alteración del “orden democrático” en el país.

El pasado viernes, el contralor de Venezuela, Manuel Galindo, le impuso a Henrique Capriles la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de 15 años, a causa de supuestas irregularidades administrativas al frente del estado Miranda.

PDVSA se ve obligada a vender la mayor parte de sus divisas al cambio oficial más bajo, de diez bolívares por dólar (440 veces menor al del mercado negro) para subsidiar la importación de alimentos y medicinas.

“Es evidente que se utiliza a la Contraloría como un mecanismo de persecución política y de amenaza a autoridades electas y líderes que oponen al actual gobierno”, señaló el líder opositor venezolano Henrique Capriles.

Los partidos venezolanos consideran insuficiente el tiempo y las máquinas de registro dactilar dispuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene previsto presentar los resultados el 25 de mayo.

LA OEA declaró una grave alteración inconstitucional del orden democrático en Venezuela y resolvió implementar medidas diplomáticas para superar la crisis en ese país.

La OEA había retomado una sesión extraordinaria sobre la crisis en Venezuela por presión de 20 países, en una decisión insólita denunciada por Caracas y sus aliados de Bolivia y Nicaragua como un “golpe de Estado”.

De esa forma, una mayoría de los 34 Estados de la OEA se unen al secretario general, Luis Almagro, en el llamado a debatir en su seno el caso venezolano.

Desde que Nicolás Madura asumió el poder en el 2013, la oposición ha protestado en las calles para exigir la liberación de presos políticos, elecciones generales y la apertura de un canal humanitario, pero no ha logrado sus objetivos.

El secretario general Luis Almagro, que condenó “auto golpe en Venezuela”, ha pedido aplicar la Carta Democrática Interamericana y suspender de la organización al país si no convoca a elecciones generales en un mes.

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, anunció que llamó a su embajador en Venezuela, Ricardo Lozano, para “informar” sobre la situación, aunque por ahora no regresará a Caracas.