(Reuters) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió que resolverá “hoy mismo” lo que calificó como un impasse entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía, luego que la máxima instancia judicial fue acusada de quebrar el orden constitucional al arrogarse competencias legislativas.

El fallo del TSJ, catalogado por la oposición como un punto de quiebre que convierte al Gobierno de Maduro en una dictadura, desató protestas mientras crecía la presión externa en su contra.

“Cuántas controversias surgen entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que demandamos aquí y demandamos allá, o entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, que capturamos a unos delincuentes y los sueltan, y las controversias no pueden llevar a posiciones extremas de destrucción de la democracia”, dijo Maduro en un acto público tras alabar la “independencia” de los poderes públicos venezolanos.

“Por eso yo, como jefe de Estado, asumo a través del diálogo y la Constitución la tarea de resolver hoy mismo el impasse que ha surgido entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia”, agregó.

Más temprano, en una rara crítica interna, la fiscal general, Luisa Ortega, llamó a revisar la sentencia del TSJ.

“En las recientes decisiones se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución”, dijo Ortega, durante la presentación de su informe anual, ante el aplauso de los asistentes.

“Lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación”, agregó.

El Ministerio Público, junto al Contraloría y la Defensoría del Pueblo, constituyen el Poder Ciudadano, uno de los cinco poderes públicos de Venezuela. Ortega, de 59 años, ha estado a cargo de la fiscalía desde el 2007 y siempre fue percibida como una figura cercana al Gobierno.

Si bien varios países han elevado su voz tras la decisión de la justicia venezolana, no es habitual que un alto funcionario critique públicamente medidas que puedan favorecer al Gobierno, lo que podría ser una señal de que el apoyo interno a Maduro ya no es unánime.

La noche del miércoles, el supremo venezolano dictaminó que su sala constitucional asumirá el rol de los diputados escogidos a través del voto, desatando la preocupación de varios gobiernos de América y Europa que lo consideraron un deterioro del orden democrático.

Horas antes, la sala constitucional también emitió un decreto que, en la práctica, despoja a los diputados de su inmunidad parlamentaria, abriendo el camino para enjuiciar o apresar a los opositores, que son mayoría en la Asamblea.

¿Más protestas? ¿Más presión?
La oposición señala a Maduro como el principal responsable de la grave crisis económica que sufre Venezuela, con la inflación más alta del mundo, recesión y escasez de alimentos y medicinas, pero el mandatario sostiene que sus adversarios libran una “guerra económica” con el fin de desbancarlo.

Desde que el presidente asumió en el 2013, la oposición ha protestado en las calles para exigir la liberación de presos políticos, elecciones generales y la apertura de un canal humanitario, pero no ha logrado sus objetivos.

Decenas de opositores volvieron a las calles del país petrolero el viernes clamando elecciones.

“Es la hora de movilizarnos. Contra la dictadura no se lucha por horas, es un tema de las mujeres que no tienen comida para darle a sus hijos, de la gente que no tiene medicinas”, dijo David Pernia, un estudiante de 29 años en la ciudad andina de Táchira. “El gobierno de Nicolás Maduro que se tiene que ir”.

La presión internacional crecía el viernes. El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos instó al supremo a reconsiderar su decisión de asumir poderes legislativos.

Colombia llamó a su embajador para “informar” sobre la situación y rechazó la agresión a una periodista por parte de efectivos de la Guardia Nacional cuando reporteaba desde el TSJ. Otros medios también denunciaron agresiones.

Además, el Mercado Común del Sur (Mercosur) convocó a una reunión de urgencia para tratar la situación en Venezuela. Y la OEA celebrará una reunión de su consejo permanente la próxima semana, dijo el líder opositor venezolano Henrique Capriles, tras una reunión con el secretario general del organismo hemisférico, en Washington.

“La administración (de Maduro) se verá sometida a una intensa presión, tanto internamente como desde fuera. Por consiguiente, es probable que el papel de las Fuerzas Armadas sea cada vez más importante”, opinó el analista Nicholas Watson, de la consultora Teneo Intelligence.