(AFP) La fiscal general de Venezuela , Luisa Ortega, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro ha impuesto un “terrorismo de Estado” a través del máximo tribunal de justicia y los militares.

“Aquí parece que todo el país es terrorista. Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado, donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar”, afirmó Ortega.

La fiscal reiteró que en Venezuela se continúa “en presencia de la ruptura constitucional, se sigue violando la Constitución y se sigue desmantelando el Estado”.

“Estamos frente a acciones de barbarie, promueven la violencia, promueven el odio, incitan a la insurrección armada, están como desesperados de que haya un alzamiento militar o algo así, están desesperados de que haya un golpe de Estado”, subrayó Ortega.

Aunque la fiscal no mencionó directamente el hecho, el gobierno venezolano denunció la noche del miércoles que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue atacado con granadas desde un helicóptero pilotado por un policía “alzado en armas”, como parte de un intento de golpe de Estado.

“Yo llamo al país a mantenerse apegado a la Constitución y a la ley”, subrayó la funcionaria, una confesa chavista convertida en la mayor adversaria del gobierno de Maduro, que la tilda de “traidora”.

En su declaración, Ortega afirmó además que “hay una clara intención de anular al Ministerio Público” con dos sentencias emitidas la noche del martes, que dieron atribuciones de investigación de la Fiscalía al oficialista defensor del pueblo, Tarek William Saab, y anularon la designación del vicefiscal.

“Yo desconozco estas sentencias. El TSJ está derogando la Constitución y esto yo no lo voy a permitir”, afirmó la fiscal, quien concluyó señalando: “Defenderé la Constitución y la democracia hasta con mi vida”.

El defensor celebró luego en rueda de prensa la sentencia que, aseguró, le permitirá a su despacho “participar en investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos”.

“Eso no significa para nada que esta decisión es para entrar en una especie de conflicto con el Ministerio Público. No significa que las investigaciones las hará la Defensoría, pero tenemos que participar”, indicó Saab.