(AP) La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para ella y todos los funcionarios de ese organismo.
Esta decisión se da poco después que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibiera salir del país y congelara sus activos y cuentas bancarias como parte de un proceso que le abrieron y podría provocar su enjuiciamiento y destitución.
Ortega, quien se enfrentó al gobierno al rechazar el proceso de reforma de la constitución, anunció lo anterior en su cuenta de Twitter.
El máximo tribunal, que es señalado de estar controlado por el gobierno, inició este mes un proceso contra la fiscal por solicitud del diputado oficialista Pedro Carreño que pidió enjuiciar a la funcionaria por el supuesto incumplimiento de sus funciones.
Carreño también pidió a la Corte designar una comisión médica para evaluar a Ortega Díaz por supuesta “insania mental”. La fiscal además enfrenta una solicitud de antejuicio de mérito para retirarle un beneficio legal y enjuiciarla por supuestas “faltas graves” que habría cometido en el ejercicio de su cargo.
La Sala Plena fijó para el 4 de julio una audiencia pública en la que Ortega Díaz y otros funcionarios presentarán sus alegatos sobre el caso.
El máximo tribunal otorgó esta semana a la Defensoría del Pueblo las atribuciones para participar en las investigaciones penales de los casos de violaciones de derechos humanos, decisión que menoscaba las competencias de la Fiscalía General, y anuló el nombramiento del vicefiscal.
Ortega Díaz dijo que desconocería las sentencias de la Corte por considerar que violan la carta magna y llamó a todos los venezolanos a reestablecer el orden constitucional.
La fiscal general comenzó su distanciamiento del gobierno en marzo tras objetar dos sentencias que dictó el Tribunal Supremo contra la Asamblea Nacional y denunciar una “ruptura” del orden constitucional.
En los últimos tres meses la alta funcionaria presentó al menos cinco acciones contra el proceso constituyente que impulsa el presidente Nicolás Maduro y la designación de un grupo de magistrados, procesos que fueron rechazados por el Tribunal Supremo.
Tras sus pronunciamientos, algunas figuras del gobierno han hecho fuertes cuestionamientos contra la fiscal, a la que llaman “traidora”, y han anunciado que una de las primeras acciones que tomará la Asamblea Nacional Constituyente será destituirla.
La fiscal general y su esposo, el diputado Germán Ferre, han denunciado que la funcionaria y sus familias han sido perseguidos por vehículos y han recibido llamadas amenazantes en las últimas semanas.
El proceso contra la fiscal se da en un contexto de creciente tensión generado por las protestas antigubernamentales que han extendido por tres meses y que han dejado al menos 76 muertos, 1,400 heridos, y más de 500 detenidos.
