El gobierno colombiano ha hecho planes de contingencia en caso de un éxodo súbito y masivo de venezolanos, pero desde ya hay iglesias y organizaciones sin fines de lucro que están ayudando a los inmigrantes.

Rosneft ahora revende cerca de 225,000 barriles por día (bpd) de crudo venezolano, equivalentes al 13% de las exportaciones totales del país sudamericano, lo suficiente para satisfacer la demanda diaria de un país como Perú.

La llamada cláusula democrática fue activada por los países del Mercosur en abril, cuando ya habían alertado una “ruptura del orden democrático” e iniciaron un proceso de consultas, previo a la suspensión.

El gobierno de Donald Trump también está discutiendo impedir las importaciones a Estados Unidos de petróleo venezolano, aunque no se tomó ninguna decisión al respecto.

Durante el paro, que según la oposición fue cumplido al 85%, ocurrieron choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes en varias regiones, que dejaron cinco muertos y 367 detenidos, según la Fiscalía y la ONG Foro Penal.

La fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista, ha fracturado al oficialismo al convertirse en férrea crítica del mandatario Nicolás Maduro y su convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Esta decisión se da poco después que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibiera salir del país y congelara sus activos y cuentas bancarias como parte de un proceso que le abrieron y podría provocar su enjuiciamiento y destitución.

Luisa Ortega afirmó que “hay una clara intención de anular al Ministerio Público” con dos sentencias emitidas la noche del martes, que dieron atribuciones de investigación de la Fiscalía al oficialista defensor del pueblo, Tarek William Saab

Los manifestantes quemaron tres camiones que transitaban por el lugar y derribaron parte del cerco metálico, desatándose choques con militares que intentaban dispersarlos con gases lacrimógenos.

La muerte del adolescente, identificado como Fabián Urbina, puso en cuestión una declaración del ministro de Defensa y jefe de la Fuerza Armada, general Vladimir Padrino López, de que los militares no usan armas letales para contener las protestas.

La Asamblea legislativa, de amplia mayoría opositora, respalda a la fiscal Luisa Ortega en su enfrentamiento con Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que Ortega acusa de haber roto el orden constitucional.

La fiscal Luisa Ortega dijo estar presentando su recurso para, en cumplimiento de su responsabilidad como fiscal, garantizar la paz del país, que vive desde hace dos meses y medio protestas opositoras que dejan 66 muertos.

Luisa Ortega, que ha abierto una brecha en el oficialismo, aseguró que la Constituyente de Nicolás Maduro “destruye” el legado de Hugo Chávez y rechazó el sistema para elegir a los asambleístas, por estimar que reduce el voto a la “mínima expresión”.

La fiscal venezolana se ha distanciado del gobierno al rechazar la Constituyente, por considerar que agravará la crisis del país, y criticar decisiones del máximo tribunal contra el Parlamento, único poder que controla la oposición.

A la manifestación de la oposición se unió un grupo de unos 40 militares retirados, quienes denunciaron los atropellos de la Fuerza Armada contra los manifestantes.

Las acusaciones del ministro de Interior y Justicia de Venezuela se produjeron después de que la fiscal general, Luisa Ortega, responsabilizara a la militarizada Guardia Nacional por la muerte de un joven y cientos de heridos durante las manifestaciones.

Armados con escudos caseros, piedras y cócteles Molotov, los manifestantes se enfrentan a los agentes de seguridad y construyen barricadas con ramas, muebles y bolsas de basura, para bloquearles el paso, lo que causa un caos de tráfico.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se declaró por primera vez muy preocupado por Venezuela y dijo que está en contacto con varios mediadores para facilitar una salida a la crisis.

William Galaviz, alcalde del municipio de Guasimos, al que pertenece Palmira, señaló a periodistas que el joven murió de un disparo en el tórax, aunque no ofreció más detalles.

La grabación difundida en las redes sociales, fusiona en blanco y negro las declaraciones de 11 jugadores de la “vinotinto”, como el delantero del West Bromwich de Inglaterra, Salomón Rondón, o el defensa del Nantes de Francia, Oswaldo Vizcarrondo.

En el sector de la salud venezolano, los médicos han emigrado en masa y los pacientes tienen que conformarse con un tratamiento de segunda categoría o ninguno en absoluto.

Luis Almagro acusó al presidente Nicolás Maduro de recurrir a la jurisdicción militar para procesar a manifestantes pacíficos, como lo hacen las “dictaduras”, debido a que no cuenta con autorización de la Fiscalía para acusarlos en la justicia ordinaria.

“Hemos llegado a un punto que no tiene otro retorno que el de las elecciones generales inmediatas para que la gente de Venezuela pueda expresarse y redemocratizar el país”, afirmó Luis Almagro.

Las mujeres pidieron a los ministros de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, y de Interior y Justicia, Néstor Reverol, que velen para que a ninguna le pase nada en su movilización, que partirá desde el este de Caracas.

El proyecto de ley también insta al presidente Donald Trump a tomar “todas las medidas necesarias” para prevenir que la petrolera rusa Rosneft tome control de la infraestructura energética de Estados Unidos.

La representante interina de Venezuela ante la OEA, Carmen Luisa Velásquez, se reunió con el secretario general de la entidad en Washington, el uruguayo Luis Almagro, a quien le entregó la carta en la que el gobierno formalizó su denuncia del tratado constituyente del bloque continental.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocurren en momentos en que el gobierno venezolano se alista a comenzar el proceso de retiro de la OEA.

La jornada de protestas de este lunes tuvo un saldo fatal de dos fallecidos por herida de bala, uno en el estado de Mérida y otro en el de Barinas (oeste), con lo que suman 23 los fallecidos desde que se reiniciaron las protestas.

“Nicolás. El pueblo de San Félix te ama y te quiere alimentar: por eso te tiraron huevos, tomates, verduras, conchas de plátanos y demás”, señaló el expresidente del parlamento, Henry Ramos.

El pasado 3 de abril, Maduro extendió de dos a cinco días el feriado de Semana Santa para los funcionarios públicos, en plena controversia con la OEA, que ese día declaró una grave alteración del “orden democrático” en el país.

El pasado viernes, el contralor de Venezuela, Manuel Galindo, le impuso a Henrique Capriles la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de 15 años, a causa de supuestas irregularidades administrativas al frente del estado Miranda.

PDVSA se ve obligada a vender la mayor parte de sus divisas al cambio oficial más bajo, de diez bolívares por dólar (440 veces menor al del mercado negro) para subsidiar la importación de alimentos y medicinas.

“Es evidente que se utiliza a la Contraloría como un mecanismo de persecución política y de amenaza a autoridades electas y líderes que oponen al actual gobierno”, señaló el líder opositor venezolano Henrique Capriles.

Los partidos venezolanos consideran insuficiente el tiempo y las máquinas de registro dactilar dispuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene previsto presentar los resultados el 25 de mayo.

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, anunció que llamó a su embajador en Venezuela, Ricardo Lozano, para “informar” sobre la situación, aunque por ahora no regresará a Caracas.

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, afirmó que están haciendo consultas con otros países amigos de la región para elaborar una declaración que pueda apuntar a decisiones en conjunto sobre Venezuela.

En su primera medida bajo esta nueva prerrogativa, el TSJ le autorizó al presidente Nicolás Maduro a crear empresas mixtas en el área petrolera, invalidando el procedimiento constitucional que establece que deben ser aprobadas por el Congreso.

“Agradezco al presidente (peruano) Pedro Pablo Kuczynski por haber autorizado esta ayuda humanitaria. A partir de hoy arranca un puente aéreo de apoyo”, dijo Nicolás Maduro.

El martes las representaciones diplomáticas de 18 países, incluyendo Canadá, Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Jamaica y Uruguay, convocaron una reunión para discutir la situación en Venezuela.

FOTOGALERÍA. El comienzo de la crisis supuso para Venezuela la explosión de distintos problemas: la crisis financiera, la escasez de productos básicos y, finalmente, el aumento del desempleo.

Luis Almagro llamó a los países de la región a observar la situación en Venezuela “no como una batalla ideológica”, señalando que se trata del respeto a las garantías individuales y los derechos políticos de sus ciudadanos.

La propia fiscalía general de Brasil, a través de la Procuraduría Federal de los Derechos de los Ciudadanos, manifestó su “sorpresa” y solicitó “las aclaraciones públicas necesarias” al Consejo Nacional de Inmigración (CNI).

El lunes, el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los delegados de la Unasur en el proceso, se reunió con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas para tratar de reactivar las negociaciones.

La CIDH defendió el derecho a la libertad de expresión, citando la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero ese documento dejó de tener competencia en Venezuela luego que Caracas lo denunciara en el 2012.

“Venezuela debería permitir que Leopoldo López, un prisionero político y esposo de Lilian Tintori salga de prisión inmediatamente”, afirmó Donald Trump en su cuenta de la red social Twitter.

La peor parte del retroceso se habría originado en el sector no petrolero, que se contrajo 19.5% respecto del año anterior, según un extracto de un documento del Banco Central de Venezuela con datos preliminares.

De las violaciones a la libertad de expresión, 44% (119 casos) se registraron en el contexto de manifestaciones públicas, entre ellas las que exigían la reactivación del proceso para el revocatorio, señaló la ONG ONG Espacio Público.

Admitir acciones de otras instituciones que paralicen la labor del Parlamento venezolano configuraría un “golpe de Estado a través de la disolución de hecho” de un poder público que agravaría la convulsa situación política, afirmó el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

La posibilidad de una doble designación de autoridades electorales constata la compleja crisis política desde que la oposición venezolana ganó las elecciones parlamentarias hace un año y tomó el control de la Asamblea Nacional.

Acusando al gobierno de incumplir lo pactado, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) congeló las conversaciones iniciadas el 30 de octubre con el acompañamiento de El Vaticano y la Unsur.