(AFP) La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, impugnó el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre 2015 por el saliente Parlamento de mayoría chavista, por considerar que su parcialidad ha acelerado la severa crisis del país.

“Hoy fui nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a objeto de impugnar la designación de los magistrados”, por cuya falta de “idoneidad y parcialidad” la corte “se encarga de acelerar la crisis”, declaró Ortega, en entrevista transmitida en la emisora privada Unión Radio.

La fiscal impugnó la designación de los magistrados poco después de que el TSJ declarara “inadmisible” un recurso de nulidad que presentó el pasado jueves contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.

Duda de legitimidad
Confesa chavista ahora considerada “traidora” por el gobierno, Ortega aseguró que el TSJ ni siquiera “entra a conocer el fondo”, lo “neurálgico” de las acciones legales presentadas contra la Constituyente.

“En vista de la gravedad de lo que está ocurriendo en el TSJ presenté esta demanda de nulidad contra 13 magistrados principales y 20 suplentes”, reseñó la funcionaria.

En un turbulento cierre de sesiones, el 23 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional (parlamento), entonces dominada por el oficialismo, nombró y juramentó a esos magistrados, en maratónica sesión extraordinaria, antes de que la oposición tomara el control legislativo el 5 de enero.

Según la fiscal, hubo “irregularidades durante el proceso para la selección de estos magistrados”, lo que les resta “legitimidad”. “Advertí que lo estaban llevando mal hecho y tomaron decisiones a espalda mía”, agregó.

Ortega dijo estar presentando su recurso para, en cumplimiento de su responsabilidad como fiscal, garantizar la paz del país, que vive desde hace dos meses y medio protestas opositoras que dejan 66 muertos.

“Los magistrados deben separarse, inhibirse de conocer esto, pero también creo que por la salud del país, deberían ser desincorporados de forma inmediata. Lo correcto es que procedan a inhibirse y habría que convocar a nuevos magistrados”, apuntó.

Venezuela sufre, además de una severa crisis económica y política, una profunda crisis institucional.