Carlos Oliva
VICEMINISTRO DE HACIENDA MINISTERIO DE ECONOMÍA

El presupuesto público (PP) es probablemente la herramienta más poderosa de un gobierno para plasmar su estrategia de país. Aún más, es el medio por el cual el Estado concreta la reasignación de recursos: los tributos que pagan las personas y empresas se transforman en inversión dirigida a mejorar la calidad de vida de la población.

El PP del 2014 bordea los S/. 119,000 millones. Es decir, es como que si cada peruano colaborara con unos S/. 4,000 anuales a una “bolsa de recursos” que el Poder Ejecutivo, con la aprobación del Poder Legislativo, reinserta a la economía por diversos mecanismos: sueldos públicos, programas sociales, proyectos de inversión, etcétera. Esta asignación, naturalmente, no es sencilla y además implica una enorme responsabilidad.

El Gobierno del presidente Humala desde su inicio ha sabido imprimir su visión de país en el PP, donde el objetivo central es el crecimiento con inclusión social. Para ello, era esencial mejorar los ingresos del Estado, se dieron medidas para reducir la evasión y, sobre todo, la elusión tributaria, porque todos deben pagar impuestos.

No obstante, es por el lado del gasto que mejor se refleja lo que el Gobierno quiere para la población. Lo primero a destacar es la responsabilidad fiscal: los incrementos presupuestales están basados en recursos ciertos, considerando la sostenibilidad de las finanzas públicas. Segundo, se presta especial atención a aspectos microeconómicos relacionados con calidad de gasto, utilizando instrumentos vinculados a la gestión por resultados.

Quizás, estos aspectos microeconómicos no son de fácil comprensión para la mayoría de personas, y los resultados de las políticas tardan algunos años en verse reflejados en la realidad, pero son una importante herramienta de distribución para la población. La metodología más comentada es el presupuesto por resultados, enfoque iniciado en el 2007 que sigue siendo una pieza básica del diseño de políticas públicas.

Cada vez más entidades definen no solo los montos que requieren para sus actividades sino que determinan claramente los productos que brindarán a la población, sean estos en número de escuelas mejoradas, kilómetros de carreteras construidas o número de niños con vacunas completas, entre otros.

Lo más importante es que cada producto está vinculado a uno o más resultados (con metas fijadas), lo que permite hacer un seguimiento cercano y ver si los S/. 4,000 promedio que aporta cada peruano tienen impacto en la población.

Todo este esfuerzo sería vano si no mejoramos la gestión, y por ello este gobierno ha puesto en marcha la Reforma del Servicio Civil.

Esto es solo una muestra del trabajo del Estado al servicio ciudadano. También se sigue trabajando en el Plan de Incentivos Municipales, que ha permitido activar indicadores claves en una serie de municipios. Además, la política de administración de pasivos representó, solo en un año, un ahorro de más de S/. 400 millones, prepagando deuda cara.

Los retos aún son enormes, pero estamos avanzando en la dirección correcta.