Dispersas en todo el Perú rural están las ruinas de miles de casas hacienda, reducidas a pórticos rotos y paredes derrumbadas.

Estas deterioradas estructuras recuerdan una de las reformas agrarias más radicales jamás realizada en un país no comunista.

En la década de 1970 un gobierno militar de izquierda expropió 15,286 propiedades rurales y nueve millones de hectáreas de tierra.

Fue una respuesta con mano dura a la total desigualdad en la tenencia de tierras y las relaciones laborales casi serviles que surgieron de la conquista española.

Los burócratas convirtieron las fincas en cooperativas verticales, que fracasaron al poco tiempo. Las importaciones de alimentos se dispararon durante dos décadas.

Sin embargo, la reforma tuvo una consecuencia no deseada. En la década de 1980 las cooperativas dividieron sus tierras entre los cerca de 300,000 beneficiarios.

Este hecho sentó las bases de una revolución agrícola basada en el mercado en el Perú, que incluía a pequeños y medianos productores que exportaban frutas, verduras, especias y granos.

La reforma también fue injusta. Los propietarios de tierras recibieron una compensación por un total de S/ 15,000 millones (en ese entonces unos US$ 350 millones), de los cuales el 73% estaba en bonos, canjeables por más de 20 a 30 años pagando un interés anual de 4% a 6%.

De acuerdo con un cálculo, eso ascendía a solo una décima parte del precio de mercado. Cuando la economía peruana se derrumbó en la década de 1980, el gobierno finalmente dejó de cumplir con los bonos.

Aunque hubo desafortunadas historias individuales, la mayor parte de los propietarios construyeron nuevas y exitosas vidas urbanas.

En cuanto al Perú, después de un cuarto de siglo de estabilidad macroeconómica y rápido crecimiento, el país se ha convertido en una historia de éxito en América Latina con una calificación crediticia de grado de inversión desde el 2008.

Ahora, unos 40 años después, estos bonos olvidados de la reforma agraria son objeto de una disputa internacional. Gramercy, un fondo de cobertura de Connecticut, presentó una demanda de arbitraje el mes pasado contra el gobierno peruano en virtud de la cláusula de inversión del tratado de libre comercio (TLC) del país con los Estados Unidos del 2009.

Gramercy afirma haber comprado unos 10,000 de los bonos entre el 2006 y 2008, y está exigiendo US$ 1,600 millones por ellos. El fondo ha llevado a cabo una agresiva campaña mediática de presión afirmando que el Perú se encuentra en “default selectivo”, algo que no ha encontrado eco en los mercados financieros.

Mientras que los “fondos buitre” extrajeron US$ 5,000 millones del nuevo gobierno de Argentina a principios de este año; los bonos de la reforma agraria son al portador (es decir, no registrados) emitidos bajo la ley peruana como compensación, y no como un instrumento de inversión.

El litigio cuestiona, en parte, la manera de actualizar su valor, dado que el Perú pasó por una hiperinflación y dos reformas monetarias después de que se emitieron los bonos.

En el 2001, el Tribunal Constitucional dictaminó que los tenedores de bonos no pagados deben recibir un “valor de mercado”. En el 2013 especificó que esto se debe calcular tomando como referencia el dólar.

Un decreto del gobierno luego estableció un procedimiento de registro y una compleja fórmula matemática para el pago de los bonos. Gramercy afirma que la sentencia del 2013 fue manipulada y dice que la fórmula ofrece solo el 0.5% de lo que ellos creen que se les debe.

El gobierno respondió que Gramercy hizo una compra especulativa a precios muy reducidos debido a la incertidumbre legal en torno a la devolución, algo que – según dice – el propio análisis financiero del fondo reconoció. Gramercy se niega a revelar cuánto pagó por los bonos; el gobierno dice que su demanda le daría una rentabilidad de hasta 4,000%.

El propósito de Gramercy puede ser simplemente de causar molestia, con la esperanza de que el nuevo gobierno, que asumirá el poder el 28 de julio y tiene una gran cuota de banqueros y hombres de negocios, haga una mejor oferta.

Ciertamente, la fórmula oficial de pago, que aún no se ha aplicado, parece una estratagema para evitar la revaluación de los bonos y debe revisarse.

En esta disputa están en juego asuntos más importantes. Los tenedores de bonos peruanos sin duda han recibido una justicia áspera.

Pero como Enrique Mayer, un antropólogo peruano, escribió acerca de la reforma agraria: “La ironía es que los propietarios, quienes se quejaron de la falta de un debido proceso legal en la expropiación, fueron aquellos cuyos padres y abuelos habían hecho caso omiso tan evidentemente de las leyes y las manipularon de forma arbitraria”. Un intento riguroso para aplicar el Estado de derecho a la historia comenzaría con los conquistadores.

La hiperinflación confiscó los ingresos, pensiones y activos de muchos peruanos. ¿Por qué deben ser completamente compensados solo los titulares de bonos agrarios? Esta es una cuestión política que deben decidir los peruanos.

Pero ninguna persona razonable podría interpretar la apuesta especulativa de Gramercy por arcaicos pagarés locales como una inversión extranjera de la clase que el TLC está diseñado para proteger. Al recurrir al TLC, Gramercy está haciendo su parte para desacreditar el libre comercio y la globalización. Su argumentación debe ser desechada.