(Bloomberg).- Los investigadores de Brasil suavizaron el tono de su investigación sobre la venta de carne contaminada tras días de crecientes críticas del gobierno, empresas e incluso de la propia policía.

La policía federal y el Ministerio de Agricultura dijeron en una declaración conjunta el martes que la llamada investigación Carne débil se concentra en la presunta corrupción de agentes públicos específicos, y que las irregularidades “no representan un mal funcionamiento generalizado del sistema de inspección de Brasil”.

Eso es todo un cambio desde el viernes, cuando la policía lanzó lo que la prensa local calificó como la mayor operación jamás realizada en su historia, con más de 300 órdenes judiciales atendidas.

En una conferencia de prensa ese día, el jefe de la policía, Mauricio Moscardi, dijo que ahora piensa “mucho y mucho antes de comprar carne” ya que se encontraron problemas en las 40 compañías analizadas.

El juez Marcos Josegrei da Silva, que supervisa el caso, tuvo palabras aún más duras. Citó conversaciones telefónicas grabadas que, según dijo, mostraban una “corrupción sistemática” que involucraba a “empresarios sin escrúpulos” y un “número espantosamente grande” de inspectores federales de carne.

Los alegatos hechos por los investigadores -inspectores agrícolas sobornados con cortes de carne de primera, salchichas y embutidos que fueron adulterados con ingredientes como cabezas de cerdo y cartón- rápidamente se convirtieron en el único tema de conversación en todo Brasil, adueñándose de las redes sociales y cobertura noticiosa.

Incluso el tercer aniversario de la investigación Lava Jato, que ha causado estragos en la clase política de Brasil y llevado a la cárcel a altos ejecutivos de algunos de los mayores constructores del país, se dejó de lado por los memes que muestran trozos de cartón en lugar de filetes.

Los gigantes de alimentos JBS SA y BRF SA, que vieron caer sus acciones y bonos tras ser citados por la policía en la investigación, lanzaron una masiva campaña publicitaria con anuncios de página completa en los periódicos más importantes y en horario estelar en la televisión que aseguran a los consumidores que su producto es seguro para comer.

El presidente del país, Michel Temer, convocó una reunión de emergencia el domingo con los embajadores de los principales países importadores. Luego los llevó a un restaurante-bufé de carne.

El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, quien canceló una licencia para ausentarse previamente otorgada después de que se anunciara la investigación, dijo el domingo que el problema no era generalizado y cuestionó el hecho de que el ministerio no había sido informado de la investigación.

Acusaciones de que el cartón se mezcló en la carne surgió de un malentendido de las grabaciones, de acuerdo con Maggi, una afirmación de la que BRF hizo eco.

La policía dijo que los ejecutivos de empresas como BRF recibieron contraseñas para acceder al sistema interno del ministerio y que las firmas tenían el poder de hacer que reasignen a inspectores que no cooperaban. La policía no especificó de inmediato qué empresas habían cometido las infracciones enumeradas, pero dijo que solo había publicado una parte de las pruebas que tenía, y que soltaría más.

El número de empresas citadas también ha sido objeto de escrutinio, con informes que van desde los alrededor de 20 a las 40 mencionadas por el jefe de la policía el viernes. Desde entonces, el ministerio ha presentado una lista de las plantas involucradas, y otra detallando las acusaciones presentadas por la policía para cada una. La unidad Seara de JBS, por ejemplo, está siendo investigada sobre supuestas irregularidades en los procedimientos de certificación sanitaria, mientras que BRF está siendo investigada por acusaciones que incluyen corrupción e intento de evitar la suspensión de las exportaciones.

Maggi, que el martes llevó a periodistas extranjeros a una gira por una planta de JBS en Lapa, estado de Paraná, que estaba entre las incluidas en las investigaciones, dijo que sería “un desastre” si los países suspendieran las importaciones. Durante la visita a la planta, Maggi dijo que “totalmente” comería la carne producida allí, de acuerdo con los medios de comunicación locales.

Varios países han prohibido la carne brasileña desde entonces, ocasionando un desplome de 99,9 por ciento en las exportaciones, según datos del ministerio.

La forma en que la policía anunció la investigación fue “catastrófica”, según Francisco Turra, director de la Asociación Brasileña de Proteínas Animales (ABPA). “Destruye la imagen del sector y del país”, dijo en una reunión con periodistas el lunes.

Una asociación policial dijo el martes que algunas acusaciones de la investigación no están respaldadas por trabajos científicos y que la participación de expertos en fraude alimentario en la pesquisa habría “salvado al país de graves daños comerciales y económicos”.

BRF dijo en un comunicado que nunca vendió carne podrida y que las acusaciones de adulteración hechas por la policía se refieren a otras empresas investigadas. JBS dijo en una declaración aparte que no está acusada de vender carne contaminada o podrida, y que no se han tomado acciones contra sus ejecutivos o gerentes.

La policía federal y el juez que supervisó el caso no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.