La Sociedad Peruana de Síndrome de Down (SPSD) destacó la promulgación de la nueva Ley General de las Personas con Discapacidad (PCD). “Es una ley que reconoce los derechos ciudadanos de las PCD y plantea medidas de discriminación positiva para eliminar la exclusión, el estigma y los prejuicios que aún enfrentan este colectivo de cerca de 3 millones de peruanos”, indicó en un comunicado.
Ello en respuesta a voces de protesta, como la del gremio de empresarios Confiep, que se mostró en contra de la cuota laboral que obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a contratar 5% de PCD si son empresas públicas, y 3% si son privadas. Sin embargo, la SPSD señaló que el Estado peruano no ha asumido el reto de hacer esfuerzos para cerrar la brecha de exclusión educativa en el país.
“Llamamos la atención a la urgencia de mejorar significativamente la formación para el trabajo de las personas con discapacidad, en especial de aquellas con discapacidad intelectual como el sindrome Down. Este es un reto que el estado peruano aun no encara”, detallaron.
“La brecha de la exclusión educativa —se lee en el comunicado— sigue siendo muy elevada: menos del 15% del total de PCD en edad escolar está matriculada en la escuela regular o especial. La educación post escuela ofrece pocas oportunidades de formación para el trabajo”.
Medidadas globales
Esta asociación civil también dio ejemplos de cómo la inclusión laboral de las PCD se ha dado en otros países.
Las cuotas laborales han sido adoptadas en Europa (Alemania, Francia, Italia, Polonia, Austria, España entre otros) Asia (China, India, Japón entre otros), Africa (Etiopia, Tanzania entre otros) y América (Brasil, Eciuador, Argentina entre otros), desde hace varias décadas y constituyen medidas significativas para favorecer la inclusión de las personas con discapacidades en los programas de promoción del empleo y de lucha contra la pobreza.
En Perú, destacó la SPSD, empresas como las cadenas Burger King, E. Wong, Renzo Costa, la Universidad Ricardo Palma, el Banco de Crédito y diversas instituciones del Estado, vienen aplicando la inclusión laboral de PCD y ninguna de ellas se ha quejado de un incremento de costos o de baja productividad de sus empleados.
