Hace aproximadamente un año, el Ejecutivo promulgó una ley que obliga a las empresas privadas a emplear personas discapacitadas hasta cubrir, como mínimo, el 3% de su personal (y 5% en el caso de las instituciones públicas). Sin embargo, esta ley ha traído consigo otros problemas.

Sociedad Peruana de Síndrome de Down expresó su apoyo al establecimiento de cuotas de contratación para personas con discapacidad. Llamó la atención sobre la brecha de exclusión educativa, que evita un ingreso idóneo al mercado laboral.

El gremio empresarial indicó que nueva norma podría obligar a las compañías, sobre todo a las que se dedican a actividades de riesgo, a crear puestos artificiales para acatar norma.