El presidente de la Confiep, Humberto Speziani, considera que una de las normas de la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973), que obliga a las entidades privadas con más de 50 trabajadores a contar con un mínimo de 3% de personal con alguna discapacidad, generará sobrecostos a las empresas, pues en muchas actividades -sobre todo de riesgo- no es posible contratar a discapacitados.

“Se obligará a la compañía a crear puestos artificiales solamente para cumplir con la ley. Este sobrecosto de planilla afectaría al resto de trabajadores porque los sueldos podrían bajar”, advirtió Speziani acerca de la ley, que además exige a las compañías estatales elevar el porcentaje mínimo de su personal con discapacidad de 3% a 5%.

Añadió que la norma debió fortalecer la fiscalización para la no discriminación de trabajadores discapacitados cuando sí reúnan los requisitos para laborar en una empresa.

Al respecto, el congresista Jhon Reynaga, uno de los impulsores de la ley y presidente de la Comisión de Inclusión Social del Parlamento, admitió las críticas, pero refirió que estas podrían disminuir con la reglamentación de la ley. “Podrían establecerse actividades de riesgo en las cuales el porcentaje sea menor o plazos para ir implementando la norma poco a poco”, apuntó.