Washington (AFP).- El presidente Donald Trump calificó hoy de “politizada” a la justicia de Estados Unidos, que suspendió su decreto migratorio y cuya suerte depende ahora de tres jueces de una corte de apelaciones de San Francisco.
“Jamás quiero decir que un tribunal es parcial, por lo tanto no voy a decir que es parcial y aún no tenemos una decisión”, dijo Trump en una reunión con la asociación de comisarios policiales.
“Pero los tribunales parecen estar tan politizados, y sería muy bueno para nuestro sistema de justicia que pudieran leer una declaración y hacer lo correcto”, añadió.
El decreto de Trump cerró las fronteras a todos los refugiados durante 120 días, y de manera indefinida a los refugiados sirios. Los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen tienen prohibida la entrada durante 90 días.
Thank you to our great Police Chiefs & Sheriffs for your leadership & service. You have a true friend in the
WhiteHouse</a>. We support you! <a href="https://t.co/niwuK5rgXR">pic.twitter.com/niwuK5rgXR</a></p>— Donald J. Trump (realDonaldTrump) 8 de febrero de 2017
“Nuestra seguridad está en riesgo en este momento”, dijo Trump al defender su medida, suspendida a nivel nacional por las cortes federales tras haber sido implementada durante una semana.
El presidente republicano, en su tercera semana en el poder, dijo incluso que “un mal estudiante de secundaria” estaría de acuerdo con su lectura de la ley, que leyó en voz alta a los comisarios.
“Si estos jueces quisieran, en mi opinión, ayudar a la corte en términos de respeto a la corte, harían lo que deberían estar haciendo. Es muy triste”, reclamó Trump, quien dijo que escuchó la audiencia de una hora en una corte de San Francisco el martes.
Los tres jueces federales del Noveno Circuito de Apelaciones determinarán esta misma semana si la suspensión se mantiene o el decreto vuelve a entrar en vigencia.
El Departamento de Justicia, en representación del gobierno, argumentó que el decreto estaba dentro de las atribuciones de Trump, señalando que es “un criterio de seguridad nacional que tradicionalmente se le asigna a la rama política y al presidente”.
Sus críticos advierten de que la orden viola la constitución.
