Las relaciones actuales con Bolivia no son las mejores y Belaunde Lossio lo sabe. El destino boliviano es la mejor jugada del prófugo pues, como solicitante de refugio, ya ganó cierta flexibilidad jurídica, espacio de impunidad y cerca de 200 días en libertad.
El internacionalista Óscar Vidarte sostiene que la decisión de dar o no refugio al empresario, investigado por el caso de corrupción La Centralita, queda en las autoridades bolivianas, que pueden actuar de forma completamente discrecional.
“En la teoría, dar refugio a un tercero no es un acto inamistoso, es totalmente discrecional y no cabe una apelación por parte del Estado peruano. En el plano político, las cosas son distintas y esto puede molestar bastante”, sostiene el especialista.
Relaciones Perú-Bolivia
Nuestro país no ha manifestado su apoyo expreso a la causa marítima del país vecino y no ha ratificado el Protocolo Complementario de los Acuerdos de Ilo del 2010. A esto, se suma que Perú acoge a tres exministros bolivianos requeridos por la justicia de su país, dos en calidad de refugiados y uno con asilo político.
Así, la entrada de Belaunde Lossio a Bolivia es una ‘jugada’ muy bien pensada. Aún así la Cancillería peruana pida formalmente su expulsión inmediata, como ya lo hizo, el prófugo ya ganó cierta protección y cerca de 200 días para pensar su siguiente movimiento.
“La legislación boliviana e internacional protege al solicitante de refugio, de forma tal que no se le podría expulsar usando la lógica del ingreso ilegal. Un solicitante puede subsanar su ingreso ilegal ya que la mayoría hace ingresos irregulares al país”, afirma el docente de la PUCP.
“¿Qué puede hacer Bolivia? Aceptar o rechazar el refugio y para eso hay un plazo de 180 días, más nuevos plazos, estamos hablando de más de 200 días que tendría Belaunde Lossio”, agrega.
Estrategia de Perú
Aunque otros especialistas consideran que es necesario ‘despolitizar’ el caso y esperar que avance del debido proceso jurídico, Óscar Vidarte sostiene que, más allá de las estrategias jurídicas -conformar una delegación, mandar al procurador, plantear la expulsión inmediata-, se necesitan acciones políticas.
“Las acciones jurídicas del Perú me parecen adecuadas, pero algo fundamental son las acciones de carácter político al más alto nivel, ministros o presidentes. La expulsión, extradición o refugio son herramientas políticas y se requiere un accionar político para pensar en una salida favorable a los intereses del Estado peruano. Si esto no se lleva a cabo, tengo dudas que de que se de la expulsión rápida de Belaunde”, dice el especialista.
Así, para evitar una escalada de las situación y esta termine en un impasse diplomático, como sucedió con el exembajador ecuatoriano en Lima, se necesita “maña política” de Ollanta Humala.
