(AFP) El poder turco inició este viernes la limpieza de sus fuerzas de seguridad, especialmente de los servicios de inteligencia, una semana después del golpe de Estado frustrado el 15 de julio.
En Washington, el presidente Barack Obama negó “cualquier implicación de Estados Unidos” en el golpe, que dejó 265 muertos, de los cuales 24 sublevados.
Justo antes del levantamiento, un ministro había cuestionado a Estados Unidos y el presidente Recep Tayyip Erdogan dijo esta misma semana que “otros países podrían estar implicados” en el intento de derrocarlo, sin mencionar ninguno en particular.
A pesar de las críticas occidentales, las purgas continúan en el país, con la emisión de órdenes de arresto contra cerca de 300 miembros de la guardia presidencial y la anulación de 10,856 pasaportes de personas ya detenidas o en riesgo de fuga.
El viernes por la noche Erdogan se reunió con el jefe de los servicios de inteligencia (MIT), Hakam Fidan, todopoderoso hasta hace ahora una semana, pero debilitado en estos momentos. De la reunión no se ha filtrado nada.
Aunque el primer ministro Binali Yildirim criticó de nuevo a los amotinados, a los que calificó de “monstruos”, apuntó a los servicios de seguridad, especialmente al MIT.
Yildirim aseguró que supo del golpe en curso 15 minutos después de su inicio, por los guardaespaldas, conciudadanos y amigos. “Es decir que, antes de esto, no habíamos recibido ninguna información importante de la amenaza, sobre lo que ocurría”, declaró.
Tras reconocer “graves fallos de información”, el viceprimer ministro Numan Kurtulmus dijo desconocer todavía quién organizó el golpe sobre el terreno.
Otra medida importante fue el paso de la tutela de la gendarmería, del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior.
Tras seis días de apoyo popular masivo en las calles, el primer ministro llamó a los partidarios del presidente turco a desechar todo espíritu de “venganza” contra los autores del golpe. “No cedan a ninguna provocación”, pidió el jefe de gobierno.
Plaza Taksim
Como cada noche desde el 16 de julio, el jueves miles de simpatizantes del presidente turco se congregaron en el puente que cruza el Bósforo en Estambul, símbolo del fracaso de la intentona golpista.
El domingo, será en otro lugar emblemático de Estambul, la plaza Taksim, donde se celebrará una gran manifestación contra el golpe, convocada esta vez por el principal partido de la oposición, el CHP.
El ayuntamiento de Estambul anunció que la avenida situada frente a su sede se denominará a partir de ahora “avenida de los mártires del 15 de julio”.
Según un balance comunicado por Erdogan, siguen arrestados 10,410 militares, jueces y funcionarios, mientras que otras 4,060 personas permanecen en prisión preventiva.
Entre ellas, más de 100 generales y almirantes y gran parte de la jerarquía del ejército, enfrentado por un lado a la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en el sureste y, por otro, a la organización yihadista Estado Islámico (EI).
Todos son sospechosos de haber fomentado la sublevación a cuenta del predicador exiliado en Estados Unidos Fethullah Gülen, a quien Ankara acusa de dirigir una red “terrorista” y cuya extradición probablemente será solicitada formalmente dentro de poco.
Preocupación
Por primera vez en casi 15 años, Turquía decretó el estado de emergencia y, además, suspendió temporalmente la Convención Europea de Derechos Humanos.
Las medidas que acompañarán esta decisión todavía son difusas, aunque el gobierno ha descartado el toque de queda.
Citando fuentes gubernamentales, medios locales dijeron que el arresto de los detenidos podría prolongarse una semana o incluso más.
También podrían crear tribunales especiales para juzgar a los presuntos golpistas, a quienes se les embargarán sus bienes hasta que termine la investigación y el gobierno también se plantea despedir sin indemnización a aquellos funcionarios que tengan un “vínculo directo” con la organización de Gülen.
En una entrevista con la AFP, el copresidente del principal partido prokurdo, Selahattin Demirtas, mostró su preocupación por la instauración del estado de excepción, y recordó que su oposición a los golpistas no disminuía su rechazo a Erdogan y su sistema de “opresión”.
El viernes, el ejército estadounidense anunció el restablecimiento de la corriente eléctrica, cortada el 16 de julio por las autoridades, en la base aérea de Incirlik, empleada por Estados Unidos y la coalición contra el grupo Estado Islámico en Siria.
Varios oficiales turcos de la base fueron arrestados, sospechosos de haber participado en el motín, en el que la aviación tuvo un rol importante.