El procurador anticorrupción, Amado Enco, confirmó la denuncia hecha contra el el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, por el perjuicio al Estado que ocasionaría la adenda al contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero pese a las presiones de funcionarios del Poder Ejecutivo como la vicepresidenta Mercedes Aráoz o el premier Fernando Zavala.
“Acá ya hay una investigación preliminar que aborda la parte referente al contrato pero a criterio de la Procuraduría Anticorrupción, el mayor perjuicio al Estado se da en la adenda”, enfatizó.
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Indicó la denuncia de la Procuraduría Anticorrupcón, que es un documento de más de 20 páginas, tiene diferentes apartados en los que se expresan, de manera detallada, las razones fundamentales por las que se está solicitando al Ministerio Público ampliar su investigación preliminar a la adenda.
Recordó que los procuradores tienen el “delicado encargo” de defender los intereses del Estado y muchas veces esto no es “bien comprendido o entendido”.
Enco manifestó que la Procuraduría Anticorrupción se tomó el tiempo suficiente para analizar el contrato de concesión de Chinchero, suscrito en julio del 2014, así como todo el proceso que siguió la firma de la adenda en febrero del 2017.
“Yo respeto mucho la opinión que ha vertido la segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz, así como el señor premier (Fernando Zavala), son sus opiniones y nosotros la respetamos pero no podemos dejar de cumplir con nuestra parte del trabajo que se nos ha encargado”, comentó en RPP Noticias.
Mencionó que la Procuraduría Anticorrupción considera que la adenda al contrato no es una “simple corrección del contrato”, como dice Aráoz, sino que los peritos de la institución concluyeron que “termina siendo un nuevo contrato”.
“Desnaturaliza (la adenda) los componentes más importantes del contrato de concesión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) original que fue suscrita en el 2014”, refirió.
Explicó que en el proceso de la firma de la adenda se registra un detrimento de los intereses del Estado y un “favorecimiento” a la empresa Kuntur Wasi, y es que el consorcio llega en una situación financiera que no era lo ideal y para no optar por otras medidas se decide “dar un salvavidas” a la empresa.
“Así lo entiende la Procuraduría a partir de que el traslado del riesgo que inicialmente surge, con un 28.6% para el Estado, y el 71.4% para el privado, pero luego se invierte la figura”, subrayó.
Asimismo, mencionó que las fotografías en las que aparece el presidente Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra junto a directivos del consorcio Kuntur Wasi, no son los fundamentos principales del pedido hecho al Ministerio Público.
También precisó que la Contraloría General tiene una labor de control que es muy distinta a la de la Procuraduría Anticorrupción, por lo que pueden ir en paralelo pero no coordinar una con otra.
“Nosotros lo que hacemos es evaluar frente a determinados hechos, que estos tienen los componentes fundamentales y que podríamos evidenciar ante un hecho que tiene una relevancia penal”, aseveró.
Añadió que es importante trasladar este hecho, en términos de denuncia o ampliación de denuncia, al Ministerio Público para que inicie una investigación preliminar.
“Estamos en una fase de investigación preliminar, que consideramos importante que el Ministerio Público pueda tener todos los elementos, habida cuenta que el procurador del MTC ya había formulado una denuncia semanas atrás”, dijo.
Consultado por las declaraciones de Fernando Zavala, quien dijo que no se pueden hacer expedientes basados en recortes periodísticos, Enco subrayó que la denuncia se basa en información pública que maneja el Ositran y el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
“Quiero descartar cualquier tema oscuro de por medio, estamos actuando con objetividad, autonomía e independencia, yo espero que nos permitan trabajar en esta línea porque si no hay garantías para que las Procuradurías hagamos nuestros trabajo, entonces la lucha contra la corrupción queda en declaraciones líricas”, manifestó.
