La congresistas Verónika Mendoza informó que se ha presentado una propuesta legislativa para el reconocimiento legal de la vigilancia y el monitoreo ambiental realizado por los ciudadanos y los pueblos indígenas.

“La vigilancia y el monitoreo ambiental es un derecho y el Estado debe garantizarlo, y entender que la participación ciudadana no es una amenaza, sino una oportunidad que le permitirá implementar mejoras y trabajar de la mano (con las poblaciones) por el desarrollo de su comunidad”, dijo la congresista durante la presentación del proyecto de ley.

Esta propuesta legislativa que podría ser aprobada antes del inicio de la COP20, fue presentada por la parlamentaria durante el foro público: “Institucionalización de la vigilancia y el monitoreo ambiental ciudadano e indígena”, realizado en el Congreso de la República.

La labor de los monitores ambientales es fundamental para evitar la deforestación en la Amazonía, como una acción vital para luchar contra el cambio climático, y para evitar la afectación de las fuentes de agua costeñas, andinas y amazónicas.

“El monitor ambiental es un líder en su comunidad, con legitimidad, y forma parte de un proyecto colectivo”, sostuvo la congresista.

En ese sentido, indicó que el proyecto de ley recoge los aportes brindados por miembros de la sociedad civil y representantes de los pueblos indígenas, en el marco de un proceso participativo, que involucró experiencias de vigilancia ciudadana e indígena y la participación de autoridades, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta normativa promueve el reconocimiento legal de las organizaciones de vigilancia y de monitoreo ambiental y social como una asociación que desarrolla de forma autónoma actividades de vigilancia y monitoreo, que podrá ser conformada por miembros de la sociedad civil como de las poblaciones indígenas.

“Este reconocimiento (legal) a su labor no es un favor, sino un derecho ganado a pulso”, enfatizó.

Asimismo, propone la articulación de las acciones y la incorporación de los reportes elaborados por las iniciativas de vigilancia ciudadana y de los pueblos indígenas al Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), a fin de complementar la actuación del Estado e impulsar su rápida atención ante diversas problemáticas.