En estos días que el Congreso de la República viene discutiendo una reforma electoral en el país, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, pidió no dejara de lado la propuesta de esta entidad para mejorar la fiscalización de los fondos de los partidos políticos.
El planteamiento de la ONPE busca establecer sanciones severas y efectivas a los partidos políticos por faltas en la rendición de cuentas forma parte de la agenda mínima promovida por los organismos electorales y organismos de la sociedad civil para su debate y posterior aprobación en el Congreso en esta legislatura.
Los montos de las multas que propone la ONPE por faltas en la rendición de cuentas se dividen en cuatro escalas, de acuerdo a la gravedad de la falta: 3, 10 y 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y la sanción equivalente a no menos de 10 veces ni más de 30 veces el monto de la contribución recibida en exceso, omitida o adulterada.
“Esto permitirá el fortalecimiento del sistema de control financiero de las organizaciones políticas de cara a las elecciones generales del 2016”, expresó Cucho Espinoza.
El titular de la ONPE también recordó que la reforma electoral plantea que todos los aportes a los partidos políticos por montos mayores a una UIT deben canalizarse obligatoriamente a través del sistema bancario.
La ONPE también propone que todas las organizaciones políticas deben contar obligatoriamente con un tesorero y un contador, así como llevar libros contables de sus ingresos y gastos de campaña.
El actual Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos establece que los aportes por encima de la UIT a los partidos políticos deben efectuarse mediante el sistema bancario, pero no existe ninguna sanción pecuniaria en los casos de incumplimiento a esta normatividad, debido a que la Ley de Partidos Políticos no la señala expresamente.
En el 2014, en los meses previos a las Elecciones Regionales y Municipales, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitieron un pronunciamiento para expresar su preocupación sobre los riesgos de penetración del crimen organizado, narcotráfico, sicariato y extorsión en el escenario político electoral.
El jefe de la ONPE pidió hacer efectivo el financiamiento público directo a los partidos políticos con representación en el Congreso, para que puedan desarrollar actividades de formación, capacitación, investigación y gastos de funcionamiento ordinario.
