Sergio Espinoza, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, aseguró que las investigaciones que realizan son confidenciales en todo el proceso, desde que el banco les remite el reporte de operaciones sospechosas hasta que esta Unidad remite un análisis del mismo al Ministerio Público.

Ello ante el cuestionamientos de los parlamentarios de posibles filtraciones de los documentos remitidos por esta Unidad a la Fiscalía.

“Nosotros hacemos una investigación que es confidencial. El banco no puede enviar al cliente (el reporte de operaciones sospechosas) y cuando enviamos a la Fiscalía nuestro análisis también es confidencial”, remarcó el funcionario en entrevista con RPP Noticias.

En esa línea, explicó que la labor de esta unidad se basa en los reportes de operaciones sospechosas que reciben de los bancos, notarios e inmobiliarias y que son analizados, contrastándola con la información a la que ellos tienen acceso para remitir un informe al Ministerio Público, que puede ser positiva o negativa.

“Lo que nos falta es acceder al secreto bancario y tributario (de los investigados)”, detalló.

Respecto al pedido de facultades solicitadas por el Ejecutivo que busca fortalecer esta Unidad, y que fue rechazada por la Comisión de Constitución del Congreso, dijo que a diferencia de las iniciativas presentadas en esa línea el año 2009, en la propuesta del Ejecutivo se contempla la participación de dos jueces ad hoc que serán los que decidan el levantamiento del secreto bancario.

“Eso supone no solo que hay un juez sentado y firmando sino que hay que fundamentar ante el juez que hay una pertinencia para levantar la información”, subrayó.

Explicó que en la Constitución no se especifica quién solicita el levantamiento del secreto bancario. “Por ejemplo una Comisión Investigadora del Congreso puede levantar el secreto bancario por acuerdo de comisión. Justamente lo que la ley va hacer (el pedido de facultades) es habilitar a la UIF para hacer este pedido (de levantar el secreto bancario) dado que hoy no lo tenemos”, apuntó.

“Nosotros no podemos pedírselo al juez, por eso se necesita de una ley que habilite eso. La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) si lo tiene. Ese es el puente que falta construir”, remarcó. En es contexto, arguyó que el Ministerio Público está a favor de esta facultad.

“Esto porque en vez de entregarles un análisis con 70% de información, le entregaríamos uno con el 100% de la información y por tanto ellos se van a concentrar en el caso en materia penal”, puntualizó.