Infractores de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública podrían ser sancionados hasta con cinco años de inhabilitación para prestar servicios al Estado, gracias al nuevo decreto legislativo que trabaja el Ministerio de Justicia, según la web Spacio Libre.
El proyecto propone la creación del Sistema Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Este organismo permitiría supervisar el cumplimiento de la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley 29733 de Protección de Datos Personales. Además de ejercer sanciones cuando se registre una infracción.
El organismo tendría como función principal resolver en última instancia todos los conflictos que se presenten en materia de información pública y datos personales.
¿Información privada?
En cuanto a la Ley 29733 de Protección de Datos Personales, cuando el tratamiento de la información privada esté vinculado a la prevención de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, no se requeriría el consentimiento del titular.
Incluso cuando involucre a una empresa investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la autorización de la persona jurídica no sería necesaria.
“[No se requiere el consentimiento del titular de datos personales] En el caso de grupos económicos conformados por empresas que son consideradas sujetos obligados a informar, conforme a las normas que regulan a la Unidad de Inteligencia Financiera, que éstas puedan compartir información entre sí de sus respectivos clientes para fines de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
“Así como otros de cumplimiento regulatorio, estableciendo las salvaguardas adecuadas sobre la confidencialidad y uso de la información intercambiada”, menciona el referido proyecto.
Modificaciones a la ley de transparencia
Dentro de las principales modificaciones a la Ley 27806 comprendidas en el proyecto compartido por Spacio Libre, se encuentra que “no se podrá negar información cuando se solicite que esta sea entregada en una determinada forma o medio”.
Es decir, si algún ciudadano prefiere una copia del registro de sanciones de cualquier entidad pública en Excel, la entidad estaría en la obligación de entregarla en el formato solicitado.
Las sanciones
Las sanciones comprenderían desde amonestación escrita hasta la inhabilitación para prestar servicios al Estado por un plazo de cinco años, tanto para personas naturales, jurídicas como ex funcionarios que incurran en una falta.
Además, el proyecto contempla la suspensión sin goce de haber entre diez y ciento ochenta días; multa no mayor de diez UIT; y la destitución de los implicados.
