(Reuters).- La Fiscalía de Guatemala investigará el patrimonio del expresidente Otto Pérez Molina en busca de pruebas adicionales de que dirigía una mafia aduanera, dijo el jefe de la comisión internacional CICIG, cuyas pesquisas anticorrupción llevaron a la caída del exmandatario y buena parte de su Gobierno.

Tras pasar la noche en prisión provisional, Pérez Molina comparecerá de nuevo ante un juez que determinará si es imputado por corrupción como piden el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente avalado por Naciones Unidas.

“El próximo paso es examinar la situación patrimonial del señor Otto Pérez”, dijo en la noche a un grupo de corresponsales Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, sobre los nuevos flancos a analizar luego de que el exmandatario perdiera su inmunidad.

Velásquez aseguró que hay documentación suficiente para respaldar sus señalamientos, pero que el análisis de la información financiera podría complementar algunas de las evidencias recabadas durante meses, que incluyen unas 90,000 escuchas telefónicas y miles de documentos incautados en 17 allanamientos.

“Cuentas, propiedad de bienes, eventual presencia de testaferros. Todo lo vamos a investigar”, aseguró el exjuez colombiano, cuyo trabajo acabó con el arresto de varios altos funcionarios, incluyendo la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el jefe del Banco Central.

Si Pérez Molina es imputado, la CICIG y la Fiscalía planean solicitar tres meses para asegurar los cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera, pero “con la posibilidad de examinar otros frentes”, como el lavado de dinero que mencionó recientemente la fiscal Thelma Aldana.

Tras su abrupta renuncia, el exmandatario volvió a declararse inocente de todos los cargos y arremetió duramente contra el organismo internacional y la Fiscalía, a los que acusó de proteger a los grandes empresarios y doblegarse a presiones internacionales.

El comisionado explicó que hasta la fecha las revelaciones han implicado tan solo a una docena de pequeños empresarios, principalmente importadores de mercancía de bajo costo procedente de Asia, pero que “si en eso aparece el más importante empresario del país, pueden tener la certeza de que se va a proceder como se ha procedido con todos”.

Con un presupuesto anual que puede rondar los US$ 10 millones para una plantilla de 150 personas, el éxito de la CICIG ha llamado la atención en países como Honduras, El Salvador o México, donde algunos sectores comienzan a pedir su propia Comisión Contra la Impunidad.

“Creo que (el modelo CICIG) sí es exportable a otros países”, aseguró Velásquez, al frente de un organismo se convirtió este año en la institución “más confiable” del país, superando a las influyentes iglesias Católica y Evangélica, los maestros y el Ejército.