Después del término del gobierno de Alberto Fujimori, donde por diez años la corrupción no parecía ser una preocupación en la administración pública, el Perú ahora cuenta con un Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016 que, a pesar de hacer énfasis en la prevención y en el control interno, no se aplica con el ritmo esperado.
Así, Samuel Rotta, subdirector de Proética, llamó la atención al Gobierno sobre la oportunidad que está dejando pasar. “Es cierto que hay una cuestión muy reactiva todavía, pero el plan anticorrupción ofrece las herramientas para avanzar en materia preventiva. Esto tiene que implementarse. Los objetivos que tiene ese plan no pueden quedarse en el papel”, detalló.
Escándalos como el del legislador Michael Urtecho, acusado de estafa y enriquecimiento ilícito (recortó el sueldo de sus trabajadores) por la Comisión de Ética del Congreso, es un ejemplo que cuestiona la credibilidad de la lucha anticorrupción, ya que en los últimos dos años sí se han aplicado condenas, desde la prisión suspendida (excongresista ‘robaluz’ Rocío González) a la prisión efectiva (excongresista ‘come pollo’ José Anaya).
“O tienes un ‘caradurismo’ muy fuerte o simplemente la sensación de impunidad es muy grande”, señaló Rotta. La gran desaprobación del Congreso, que llegó a un 85.5% en setiembre, es un reflejo de ello. Y no sería en vano. Rotta indicó que el Legislativo “es donde quizás hay más resistencias a los cambios en materia anticorrupción”, y tomó como ejemplo la campaña “Adopta un Congresista”, iniciada en Internet en el 2008 por el periodista Willie Vásquez.
“Precisamente sale a raíz de un escándalo con el uso de los gastos operativos. Ante el escándalo (del ‘come pollo’), lo que el Congreso hace es una modificación al reglamento e introduce una asignación por representación, que no está definida: para algunos es comprar juguetes y panetones para los niños, y para los otros es representar los intereses de algún ciudadano”, advirtió.
Avances y retos
Para Rotta, la fiscalización de la Procuraduría Anticorrupción no ha discriminado entre el oficialismo y la oposición, algo a destacar en estos dos años, así como la ampliación de la Ley de Pérdida de Dominio a los delitos por corrupción (en el marco del Plan Anticorrupción 2012-2016), que hoy permite cobrar las reparaciones al Estado de personajes como Vladimiro Montesinos.
La veeduría ciudadana en los procesos de contratación en el Estado, los sistemas de control interno (que ya es obligatorio pero solo el 3% de las entidades públicas lo aplica), la estandarización de canales de denuncia de la corrupción y el reconocimiento al empleado público honesto son solo algunas de las medidas del Plan Anticorrupción que “se quedan en el papel”.
“Siempre vas a tener escándalos. Siempre va haber casos y sinvergüenzas que traten de pasarse de listos. La diferencia está en cómo respondes y en que tus sistemas de control, de transparencia, de auditoria reduzcan esa frecuencia al mínimo posible”, finalizó el ejecutivo.
EL DATO
El Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016 fue elaborado por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), donde confluyen las principales instituciones a nivel nacional con competencia punitiva o preventiva en esta materia. Aquí puede descargar la versión completa o resumida.
