(Reuters).- Ilka Eren, de 25 años, llegó a Estados Unidos desde Turquía con sus padres hace más de 15 años y vive en el país sin una autorización legal.

Mientras estaba en la universidad, solicitó y calificó para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa de la era del presidente Barack Obama que su sucesor, Donald Trump, prometió cerrar durante su campaña en el 2016.

El programa no cambia el estatus legal de un inmigrante, sino que protege de la deportación y da el derecho de trabajar a los denominados “Dreamers” (“soñadores”), jóvenes llegados a Estados Unidos como niños y que viven ilegalmente en el país. Cerca de 800,000 inmigrantes han recibido protección de DACA desde su lanzamiento en el 2012.

El estatus DACA de Eren le abrió la puerta a varias pasantías y, eventualmente, a un trabajo en Nueva York como asistente ejecutiva del presidente financiero en Ovation Travel Group, que provee servicios de viajes a corporaciones.

“DACA literalmente cambió mi vida”, dijo. “Realmente no sé dónde estaría sin él.”

Por su parte, Paul Metselaar, presidente ejecutivo de Ovation, tampoco sabe dónde estaría sin Eren.

Según afirmó, las responsabilidades laborales de Eren aumentaron gracias a su capacidad. Dijo que le recordaba a sus propios abuelos, que emigraron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Si Eren pierde su elegibilidad laboral será un golpe para su compañía, afirmó Metselaar.

No obstante, agregó que “sería un golpe mucho mayor para su familia y para quiénes somos como país”.

Se espera que Trump anuncie la decisión de poner fin a DACA el martes, según dos fuentes con conocimiento de la situación, pero con una moratoria de hasta seis meses para permitir que el Congreso encuentre una solución legislativa.

Durante la campaña electoral, Trump prometió acabar de forma rápida con el programa, pero desde que asumió el cargo -aun cuando ha intensificado la aplicación de la ley de inmigración-, a veces ha adoptado un tono más suave sobre DACA. “Amamos a los ‘soñadores’”, dijo a periodistas el viernes.

Los partidarios de una línea dura con la inmigración dentro del Partido Republicano han presionado al mandatario para que abandone el programa. Nueve fiscales estatales republicanos anunciaron que presentarán una demanda legal contra el programa si el gobierno de Trump no lo clausura el martes.

Muchos líderes empresariales han instado al presidente a mantener las protecciones de DACA, incluidos los jefes de los gigantes tecnológicos Microsoft, Apple y Facebook. En general se refirieron al posible impacto para la economía que tendría el fin del programa, pero hay escasos datos gubernamentales sobre los “soñadores” como un grupo económico distinto.

Sin embargo, con la economía estadounidense cerca del pleno empleo, terminar con DACA traería una pérdida neta de productividad, según Giovanni Peri, profesor de Economía de la Universidad de California en Davis, que estudia la inmigración.

Los grupos que apoyan una aplicación más estricta de la ley de inmigración dicen que la eliminación del programa también traería beneficios.

“El fin de DACA generaría vacantes laborales muy bienvenidas para graduados universitarios estadounidenses y otros trabajadores estadounidenses que están desempleados o subempleados y se sienten completamente apartados de la fuerza laboral e imposibilitados de alcanzar su ‘sueño americano’”, dijo Dave Ray, director de comunicaciones de la Federación para la Reforma de la Inmigración en Estados Unidos.

En entrevistas con Reuters, los beneficiarios de DACA y sus empleadores enfatizaron en otro aspecto de lo que significaría terminar el programa: los agujeros que dejaría la decisión en las vidas y los lugares de trabajo.

“Sabía que sería alguien”
A Georgina Lepe, que dirige una oficina legal en Rancho Cucamonga en California, le gustaba tanto Karla Martínez que la contrató dos veces.

Se topó por vez primera con Martínez cuando ella estaba ordenando mesas en un restaurante mexicano propiedad de la familia de Lepe y quedó impresionada con su ética de trabajo. Cuando Martínez se graduó de la Universidad del Sur de California en diciembre del 2016, la contrató para ayudar temporalmente con el marketing.

Martínez se fue meses después para trabajar en otra parte. Posteriormente, Lepe volvió a localizarla y le pidió que volviera, esta vez como asistente legal a tiempo completo.

“Incluso cuando estaba trabajando en el restaurante, sabía que sería alguien”, dijo Lepe, de 30 años y, al igual que Martínez, de familia mexicana. “La diferencia entre nosotros es que mi familia fue capaz de ayudarme financieramente para lograr mis metas”.

Martínez, que llegó a Estados Unidos con su madre cuando tenía cuatro años, ayuda a pagar las cuentas en el hogar que comparte con su madre y dos hermanos menores. Ahora tiene 24 años, planea estudiar Derecho si DACA no termina y puede permitirse todavía volver a la escuela.

“Obviamente, pienso en ello y da un poco de miedo, pero no dejo que se apodere de mí”, dijo Martínez.

Lepe dice que si el permiso de trabajo de Martínez es rescindido “mantendría a Karla hasta el último segundo” y probablemente no contrataría un reemplazo. “No creo que nadie pueda compararse”, dice.

“Realmente te empodera”
Chuck Rocha, fundador de Solidarity Strategies, emplea a Luis Alcauter -otro beneficiario de DACA- en su firma de consultoría política con sede en Washington, que se especializa en asuntos con los latinos. Perder a Alcauter “sería devastador”, dijo Rocha.

Alcauter, de 27 años, llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía 13 años y estudió en la Universidad Estatal de California en Fresno, donde desarrolló un interés en la política, lo que le llevó a hacer una pasantía en el Capitolio. Esto fue posible, según dijo, debido a su condición de DACA.

“Ser capaz de tener los documentos y poder presentarse donde quiera te empodera realmente para pensar más allá del lugar en el que estás”, dijo Alcauter. “Empodera a la gente para poder encontrar trabajo, conseguir un auto, comprar una casa, moverse, contribuir con sus familias”.

“Ya tengo un buen auto”
Juan Ochoa, presidente ejecutivo de Miramar Group, una compañía de gestión de instalaciones con sede en Illinois que supervisa 1,200 edificios en todo el país, dijo que su firma contratará a un abogado para tratar de retener a Jay Meza, un beneficiario de DACA de 23 años.

“Tengo un buen trabajo ahora”, dijo Meza, quien llegó a Estados Unidos desde México con sus padres y su hermano cuando tenía 3 años. “En realidad, estoy deseando comprar mi primera casa. Ya tengo un buen auto.

Ochoa dijo que Meza comenzó en Miramar introduciendo datos y analizando hojas de cálculo y siguió ayudando a la compañía a construir un sistema que le permitiera rastrear sus edificios y empleados.

“Hemos invertido mucho tiempo y dinero en la formación de Jay, por lo que sería una pérdida importante para nosotros”, dijo.