Ante la información difundida sobre la entrega de sobornos por US$ 29 millones a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014 para obtener licitaciones de obras públicas, la Defensoría del Pueblo señaló que el Ministerio Público tiene el deber constitucional de realizar una investigación objetiva, rápida e independiente sobre el caso Odebrecht,

Esto a fin de identificar a los funcionarios públicos y personas involucradas para su posterior juzgamiento y sanción.

“Estos graves actos ponen en evidencia la necesidad de adoptar medidas urgentes para fortalecer las instituciones que tienen a su cargo prevenir y sancionar la corrupción en nuestro país, tales como las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción, Lavado de Activos y Delitos Tributarios”, anotó en un comunicado.

Ello con el propósito de asegurar la actuación efectiva del sistema de justicia y la lucha contra la corrupción.

Remarcó que la corrupción perjudica el patrimonio del Estado y su eficiente marcha administrativa, lo que impacta de manera directa en el goce de los derechos de las personas, lo que se ve reflejado en la prestación de baja calidad de servicios públicos como el transporte, la salud y la educación.

“La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su función constitucional de garantizar los derechos fundamentales y supervisar la buena marcha de la administración, considera este caso como emblemático”, agregó.

En tal sentido, dijo que hará un seguimiento y monitoreo permanente del desarrollo de las investigaciones y actuaciones judiciales a través de su Programa de Ética y Prevención de la Corrupción.

Finalmente, el mencionado organismo ratificó su compromiso de colaborar con las autoridades en la prevención y lucha contra la corrupción.