La Contraloría General de la República está elaborando un nuevo informe de auditoría sobre el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero y su nueva adenda, y en caso de encontrarse irregularidades se podría recomendar la nulidad de dicho contrato.
“Podría ser, podría ser”, declaró el contralor general de la República, Edgar Alarcón, durante una entrevista en RPP Noticias.
Precisó que la Contraloría no puede tomar decisiones sobre un proyecto como el aeropuerto de Chinchero pero sí puede advertir los riesgos.
“En las recomendaciones del informe podría decir que han habido irregularidades y no se tomó en cuenta la legalidad o tal norma. Entonces vamos a terminas las recomendaciones y el Ejecutivo tomará las acciones correspondientes”, subrayó.
Indicó que el pasado martes se acreditó la Comisión de Auditoría de la Contraloría ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), que se encargará de verificar la legalidad de la firma del contrato de concesión y de la primera adenda.
“No es la primera vez que nosotros intervenimos, ya nosotros hemos emitido nuestra opinión previa en el 2014 cuando, por ley, un contrato de APP pasa por la Contraloría previamente y en su oportunidad ya se advirtieron de algunos riesgos”, anotó.
Precisó que entre esos riesgos estaba que no se fijaba un plazo para el cierre financiero del proyecto, no se fijó un tope para la tasa de interés de endeudamiento, los estudios de perfil de factibilidad desarrollados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) no analizaban otras alternativas para la ubicación del aeropuerto, entre otros.
En ese sentido, mencionó que estas falencias fueron comunicadas y precisadas a funcionarios del gobierno del expresidente Ollanta Humala.
“No lo levantaron (estas observaciones) con claridad y notamos que estamos sufriendo las consecuencias”, anotó.
Ya en octubre del 2016, con el ingreso de la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, la Contraloría emitió una orientación de oficio donde también se advirtieron algunos riesgos y se plantearon algunas sugerencias referidas al trámite del endeudamiento garantizado del proyecto, el cual no fue autorizado por el MTC.
“En este documento se sugirió negociar la tasa de endeudamiento y buscar un mejor resultado para el Estado”, enfatizó, y al mismo tiempo afirmó que la adenda del contrato no resuelve las observaciones de la Contraloría.
Alarcón mencionó que en el último oficio remitido de la Contraloría al MTC hace una semana se advierte que producto de la adenda del contrato se daría un adelanto de US$ 40.3 millones al consorcio Kuntur Wasi y se alertó de una serie de riesgos.
“Tiene que asegurarse que, en este caso, el consorcio Kuntur Wasi nos tiene que asegurar el cierre financiero, por lo menos, de la etapa uno y dos. Entonces hay un riesgo que usted, como gobierno, le den un adelanto sin el sustento correspondiente y sin tener a la mano este cierre financiero”, acotó.
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Justamente a raíz de esto, el MTC anunció que esperará el informe final de auditoría de la Contraloría antes de entregar el financiamiento.
“Normalmente, nos demoramos tres meses en una auditoría pero esperamos sacarlo en menor tiempo”, puntualizó.
