La Contraloría General de la República realizó una inspección de control preventivo a las obras del nuevo Puente Bella Unión, que realiza la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) desde el 2015, y detectó retrasos en los trabajos, los cuales tienen un avance de solo 40%.
Indicó que este nivel de avance riesgos de generarse mayores costos para la comuna limeña.
La obra del Puente Bella Unión se incluyó en octubre de 2015 en el contrato de concesión de Lamsac, mediante la Adenda 2, en conjunto con la obra “Paso Inferior a Desnivel en las Av. Morales Duárez y Universitaria”.
En abril de 2016, se modificó la citada adenda para independizar la obra y se estableció un nuevo plazo de obras de 456 días calendario, que concluyó el 31 de diciembre de 2016.
En la inspección realizada, el ingeniero responsable de la obra informó sobre el avance de 40% y se ha tomado conocimiento que la MML tramita una nueva ampliación del plazo de la obra.
No siguen Plan Maestro
La Contraloría también verificó que las obras del nuevo Puente Bella Unión no se vienen ejecutando de acuerdo a la solución técnica aprobada en el Plan Maestro, lo que origina riesgos respecto a la seguridad, calidad y costo de las obras.
De acuerdo al Plan Maestro, considerado en las adendas 2 y 3 del contrato de concesión de Lamsac, el nuevo puente debía ser una estructura atirantada, de 50 metros de longitud y 34.5 metros de ancho.
Sin embargo, durante una inspección realizada, se advierte que la construcción o solución técnica que se aplica es la de una estructura simplemente apoyada, sin pilar central.
Los ingenieros de Contraloría observaron deficiencias en el diseño y proceso constructivo. Por ejemplo, se observó que el estribo izquierdo se encuentra dentro del rio, estrechando su cauce lo que producirá el incremento de la velocidad del torrente con el riesgo de socavación del enrocado de protección y afectación de la mencionada estructura.
Del mismo modo, ante el pedido de los planos de construcción del puente en el mismo lugar de la obra, no se evidenció el uso de los planos aprobados, lo que ocasiona el riesgo respecto a la calidad y costos de las obras.
“Estas observaciones han sido comunicadas a las autoridades competentes con el fin de que se realicen las acciones necesarias”, señaló la Contraloría.