Por Clive Crook

(Bloomberg) Cuando el presidente Donald Trump emitió su orden ejecutiva sobre inmigración, para mí lo más impactante de ella no fue su desquiciada intención sino su notable incompetencia.

Y lo mismo se cumple en la batalla posterior que el gobierno pelea en tribunales para hacer que su estúpida orden se mantenga vigente.

El Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito ha mantenido la suspensión de la orden. Su razonamiento es conciso y accesible, y merece una lectura en detalle.

La sentencia no incumple ninguna base constitucional y no aclaró nada que antes no estuviera claro. Tampoco dice que el gobierno no podría haber prevalecido por los méritos: la Casa Blanca tiene derecho a una deferencia judicial sustancial en asuntos de inmigración y seguridad nacional, afirmó.

Lo que dijo, en efecto, fue que el gobierno presentó un caso que era demasiado descaradamente incompetente como para aceptarlo.

La principal afirmación del gobierno era que su política era literalmente no revisable. En consecuencia, ofrecía poco o nada para justificar la política (y los daños provocados a personas estadounidenses).

¿Qué estaba pensando el equipo de Trump? Esta posición no era cuestionable, era absurda. El tribunal la desestimó sin pensarlo dos veces.

“Si bien nuestra jurisprudencia por largo tiempo ha aconsejado deferencia a los poderes políticos en asuntos de inmigración y seguridad nacional, ni el Tribunal Suprema ni nuestra corte alguna vez ha planteado que los tribunales carecen de autoridad para revisar una acción ejecutiva en aquellos ámbitos para verificar su conformidad con la Constitución.

Al contrario, el Tribunal Supremo ha rechazado de manera reiterada y explícita la noción de que los poderes políticos tienen autoridad no revisable sobre inmigración o que no están sujetos a la Constitución al momento de formular políticas en ese contexto”.

¿Acaso los abogados del gobierno no estaban al tanto? ¿Siquiera entendieron que eran ellos los que tenían la responsabilidad de justificar en este último procedimiento?

Su tarea era mostrar que el gobierno tenía probabilidad de prevalecer en el debido curso sobre los asuntos subyacentes. Es posible que prevalezca, pero ellos no argumentaron en ese sentido.

Si el gobierno hubiera tratado de justificar la política, cualquier análisis de eso, aunque fuera menos que imperioso, habría contenido una afirmación sobre la deferencia a la que el gobierno tiene derecho.

Pero cuando el gobierno no presenta ningún argumento sobre los méritos, ¿qué puede hacer el tribunal? La deferencia bajo esas circunstancias habría sido directamente una capitulación.

Especialmente reveladores fueron los comentarios del tribunal sobre la solicitud del gobierno de que la orden ejecutiva sea acotada en vez de bloqueada del todo. El gobierno ahora dice que la orden no aplica a titulares de tarjeta verde, y el consejero de la Casa Blanca ha emitido un aviso a ese respecto.

La orden también fue enmendada o aclarada para sugerir, quizás, que no aplicará a extranjeros previamente admitidos que están temporalmente en el exterior. El tribunal escribe:

“En este punto, sin embargo, no podemos depender de la opinión del Gobierno en el sentido de que la Orden Ejecutiva ya no aplica a residentes permanentes legítimos. Además, a la luz de las cambiantes interpretaciones del Gobierno para la Orden Ejecutiva, no podemos decir que la interpretación actual por parte del consejero de la Casa Blanca, aunque sea acreditada y vinculante, persistirá una vez superada la etapa inmediata de estos procedimientos”.

En otras palabras, el gobierno no parece saber qué significa efectivamente su propia orden. Y como el tribunal dijo, tampoco sabe, o ha explicado de forma alguna, qué involucraría efectivamente acotar el alcance de su orden, para lo cual expresó disposición.

En el primer caso, entonces, no se trata de qué es una política buena o mala. Y ni siquiera se trata de a cuánta deferencia por parte de tribunales tiene derecho el gobierno según la Constitución, el gran tema que queda por resolver en este caso. Se trata de un gobierno que simplemente no tiene idea sobre lo que conlleva diseñar, implementar y defender judicialmente sus políticas.

Ciertamente si se tiene un gobierno que no puede diseñar y ejecutar políticas inteligentes, la ignorancia judicial es un rasgo muy deseable.

Esta columna no representa necesariamente la opinión del cuerpo editorial ni de Bloomberg LP y sus dueños.