(AFP) Argentina y Venezuela, bajo gobiernos de signo político opuesto, tiene dos presos políticos que ensombrecen sus récord en materia de derechos humanos, la líder indígena Milagro Sala y el dirigente Leopoldo López, señaló la dirección de Amnistía Internacional (AI) de ambos países en Buenos Aires.

El resumen fue particularmente crítico con el gobierno argentino, percibido como uno de los primeros en “contagiarse” de una retórica en la que nuevos líderes mundiales, entre ellos el estadounidense Donald Trump, “identifican a personas vulnerables, como refugiados o inmigrantes, para justificar políticas de seguridad o políticas económicas” discriminatorias y excluyentes.

En una revisión regional de la situación de los derechos humanos, AI consideró al 2016 como un año de grandes retrocesos en la materia en el mundo, que volvió a configurar a América Latina como la región más desigual y violenta del planeta, con Venezuela, México, Brasil, El Salvador y Nicaragua liderando nuevamente los índices más altos de homicidios.

El organismo internacional criticó lo que consideró “dos idiomas” del gobierno del presidente argentino Mauricio Macri en su compromiso con los derechos humanos, que desde que asumió en diciembre del 2015 reclamó apego a la democracia en Venezuela y la liberación sin condiciones de López.

“Argentina suele mostrarse más progresista afuera que lo que es realmente adentro, eso ha sido históricamente así”, afirmó Mariela Belski, directora de AI en Argentina, tras señalar que el presidente Macri tiene que convencer primero a los argentinos de su compromiso con los derechos humanos en el país.

Amnistía recalcó que como organismo ha defendido por igual al venezolano López y la argentina Milagro Sala. “Ambos casos coinciden en que están detenidos arbitrariamente”, señaló Belski.

“Cada caso ha sido tratado diferente y basado en el contexto de cada país”, apuntó.

La directora de AI Argentina no descartó que en el futuro Sala sea declarada como “presa de conciencia”, al igual que López en Venezuela.

López, de 45 años, purga desde el 2014 una condena de casi 14 años de cárcel, acusado de incitar a la violencia durante protestas contra el presidente Nicolás Maduro. Esas manifestaciones dejaron 43 muertos entre febrero y mayo del 2014.

Sala, de 53 años, diputada electa del Parlasur y líder de la organización Túpac Amaru, fue detenida en enero del 2016 en la provincia de Jujuy por protestar contra el gobierno local, por lo cual la oposición al gobierno argentino la considera una presa política de Macri.

Dar el ejemplo
El director de AI en Caracas, Marcos Gómez, que participó de la rueda de prensa en Buenos Aires, reconoció que para una parte de la población venezolana “sin duda ha significado una esperanza cada vez que el presidente Macri habla de la situación en Venezuela”.

“Así lo sienten las víctimas de violaciones de derechos humanos y así lo ve una parte de la sociedad civil”, apuntó Gómez tras presentar un informe que da cuenta de la gravedad y estancamiento de la crisis económica y política que atraviesa Venezuela.

Sin embargo, dijo, para que esa defensa en favor de la democracia venezolana y liberación de presos políticos “verdaderamente tenga sentido, él (Macri) tiene que convencerse de ser un campeón en materia de derechos humanos local, tiene que ganar ese campeonato”, subrayó Gómez.

Belski abogó por un mayor compromiso del gobierno de Macri en acatar las recomendaciones de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, entre otros, para liberar a Sala.

“Milagro Sala es un caso de criminalización de la protesta social, es una detención arbitraria, debería estar libre hoy, pero se cumplen 400 días de su detención”, expresó.