El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados, dio mayores detalles del proyecto de reforma electoral que aprobó el Consejo de Ministros y que tiene como objetivo transparentar el financiamiento de las campañas de los partidos políticos.

Indicó que en la propuesta del gobierno hay muchas coincidencias con las ideas del subgrupo de trabajo del Congreso, aunque también tienen algunos planteamientos para fortalecer esas iniciativas.

“Básicamente están vinculadas a las sanciones que se deberían aplicar, pues si no hay sanciones efectivas, las medidas pueden terminar siendo improductivas”, anotó.

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Precisó que el proyecto plantea que todo aporte mayor a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) sea bancarizado y el incumplimiento de ello daría lugar al retiro de la contienda electoral o cancelación del registro de la organización política.

“Planteamos también prohibir los aportes anónimos, proponiendo que el incumplimiento de esta obligación dé lugar al retiro de la contiende electoral, suspensión o cancelación del registro del partido u organización política que lo promueva”, puntualizó.

Otro planteamiento del Poder Ejecutivo es que las actividades proselitistas solo podrán llegar a totalizar un máximo del 10% de los ingresos anuales totales de la agrupación política.

“De esa manera, también queremos transparentar esa práctica y limitar su uso”, subrayó Grados.

Asimismo, indicó que contar con sanciones que hagan que las normas electorales se cumplan, se incluyó que los partidos políticos que no presenten algún informe pedido por las autoridades electorales, se les cancelará el registro de organizaciones políticas.

“En el caso de presentaciones de informes incompletos o con defectos, sí se producen hasta un máximo de tres en un plazo de cinco años, da lugar también a la cancelación”, subrayó.

El ministro mencionó que cada incumplimiento por estos defectos o incompletos puede dar pie a sanciones menores.

“Las demás sanciones las define la ONPE en un reglamento de infracciones y sanciones que, para tal efecto, se deberá preparar”, dijo.

Por otro lado, puntualizó que el Poder Ejecutivo busca sincerar los aportes reales de las personas naturales y jurídicas a las campañas políticas electorales.

“Para lo que proponemos elevar el monto máximo del aporte por una persona natural y jurídica a 200 UIT por año. En este punto coincidimos con la propuestas del JNE y del Congreso”, precisó.

Finalmente, comentó que todas estas medidas buscan dar transparencia al financiamiento de los partidos y las campañas electorales, por lo que su aplicación tendrá que ser muy rigurosa para evitar el incumplimiento de la norma.