La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con la finalidad de asegurar la transparencia del financiamiento de los partidos políticos durante los procesos electorales, informó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Con el objetivo de evitar la influencia del narcotráfico y de otras acciones ilícitas en los procesos electorales, la aprobación del proyecto de ley propone el acceso de la UIF al secreto bancario y a la reserva tributaria.

Actualmente, la UIF realiza sus funciones sólo con la información del secreto bancario que le envía la entidad financiera que reporta una operación como sospechosa y no de todas las entidades del sistema financiero es decir, con información incompleta de las personas involucradas en un caso investigado.

Al no contar con acceso al secreto bancario, la entidad no puede cruzar información en todas las entidades del sistema financiero sobre las personas investigadas, lo cual impide que envíe al Ministerio Público casos con información completa.

Cabe precisar que, a la fecha, se encuentra listo para ser debatido en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera el proyecto de ley N°2569/2013-CR que permite el acceso al secreto bancario y a la reserva tributaria a la UIF para el mejor cumplimiento de sus funciones de análisis e inteligencia financiera. Dicho proyecto de ley fue presentado por la congresista Carmen Omonte.

De otro lado, también se debe indicar que esta falta de acceso obstaculiza la cooperación internacional. Actualmente, la UIF puede solicitar a su pares del exterior información protegida con el secreto bancario y la reserva tributaria, pero no puede suministrar la información que estas soliciten para realizar sus investigaciones o investigaciones conjuntas.

También se incumple con las recomendaciones de organismos internacionales tales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lo que puede ocasionar la inclusión del Perú en las listas internacionales de países con deficiencias en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.