Otorongo no come otorongo es una frase popular que se utiliza para criticar la conducta poco ética de algunos funcionarios públicos, sobre todo congresistas, cuando no son sancionados por la Comisión correspondiente. Sin embargo, la frase podría extenderse al sector privado.

Es así que el 17 de abril se dio a conocer a los medios que el segundo vicepresidente de la Confiep, y en ese entonces presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), había sido condenado por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema a cinco años de prisión efectiva por el delito de defraudación tributaria. Sin embargo, la reacción, tanto de Confiep como de Capeco ante tan grave hecho, está dejando mucho que desear.

En el caso de Confiep, inicialmente su presidente manifestó a los medios que “es importante entender que uno es el comportamiento de las instituciones y otro el de los individuos”. Pero no se trata de un asunto legal, sino de uno que ya está afectando su reputación corporativa. Es así que en su Código de Conducta, aplicable a todos los gremios e integrantes que la conforman, en la quinta política se establece claramente que se debe de “rechazar cualquier acto de corrupción”.

Y en el caso que nos ocupa no se trata de un empresario desconocido, sino de un alto dirigente empresarial. Por lo que el impacto negativo ante la opinión pública es significativamente mayor. Es por ello que no se entienden las razones por las que no se ha condenado dicho inaceptable delito. ¿O es que el robo al Fisco, sancionado en la última instancia de la justicia, no se considera un acto de corrupción?

De otro lado, como señalara el expresidente de Confiep, Ricardo Briceño a Semana Económica, un código de ética con validez depende de su monitoreo, evaluación y de que las cabezas de la organización sean las que promuevan su aplicación. Clarísimo.

Posteriormente, ocho días después de la difusión inicial y ante la fuga de Balarezo, el presidente de Confiep manifestó: “Haría un llamado a todos quienes están fuera de la ley, que asuman la responsabilidad de cumplirla. Desgraciadamente, en el caso del señor Lelio Balarezo tendrá que pagar las penas que la ley prevé”.

En lo que a Capeco se refiere, a pesar de que se trataba de su presidente en ejercicio y que estaba desempeñando dicho cargo por cuarta vez durante el prolongado proceso judicial, su reacción ha sido aún peor que la de Confiep. A la fecha de redacción de este artículo (25.04.2015), se había limitado a difundir el viernes 17 (cuando ya se había hecho pública la noticia) un comunicado en el que simplemente anuncian que Balarezo les ha comunicado su impedimento a seguir ejerciendo la presidencia; por lo que fue reemplazado por el vicepresidente. Ni una autocrítica ni muestra de rechazo ante el delito cometido.

Otro tema estrechamente vinculado a esta problemática es el de la institucionalidad. Sobre este aspecto, a algunos empresarios les gusta repetir que no podemos a ser un país del primer mundo teniendo un Estado del tercer mundo. ¿Y en el sector privado tenemos una institucionalidad del primer o del tercer mundo?

Un problema que salta a la vista es la ausencia de controles al interior de los gremios; que debieron verificar la hoja de vida, los antecedentes judiciales y otros elementos de control que impidieran que se presenten este tipo de situaciones. Y en el caso de Confiep no es excusa que los integrantes son los gremios no las personas, porque no pueden actuar bajo el supuesto de que los gremios integrantes efectuaron los controles correspondientes. Sobre todo si es que sus estatutos establecen que no pueden ocupar ningún cargo las personas que tengan algún proceso judicial abierto, como lo señalara Ricardo Briceño.

Estos son temas que no se deben de minimizar sino debatir pública y extensamente para que no se vuelvan a repetir. No sé cuánto afectará la imagen de los gremios un caso como el referido en este artículo; pero, ciertamente, el efecto negativo será mayor si es que los gremios involucrados no condenan y marcan distancia con este tipo de prácticas.

Por Manuel Romero Caro
Economista