Contraloría. La elección del contralor de la República siempre genera polémica. Y la designación de Édgar Alarcón no fue la excepción. Si bien la denuncia constitucional en su contra ya fue retirada, su nombramiento no estará alejado de los problemas, sobre todo considerando que la mayoría del próximo Congreso estará en manos del fujimorismo, que fue uno de los grupos políticos que se opuso a su designación.

Alarcón ya juramentó en el cargo y no ha necesitado “empaparse” de la forma de trabajo de la Contraloría General de la República (CGR), pues fue el segundo de Fuad Khoury y lleva 19 años en la institución. Sin embargo, la labor desempeñada por su antecesor no ha sido destacable. La Contraloría en los últimos siete años se convirtió en una oficina de estadísticas más que en una entidad que busca prevenir y detectar irregularidades en el manejo de los recursos del Estado con celeridad, usando muchas veces al Ministerio Público y al Poder Judicial como excusa para justificar los pocos resultados de su labor.

En los últimos años, la mayoría de los grandes destapes sobre irregularidades en el uso de recursos del Estado fueron de los medios de comunicación, y solo después la Contraloría entraba a investigar. Apenas en los últimos meses se ha ocupado de los grandes megaproyectos, pues por lo general siempre han tenido la mirada centrada en casos menores. En los últimos cinco años, la Contraloría ha iniciado proceso sancionatorio a 6,250 funcionarios, pero solo 716 han sido sancionados (en primera instancia).

Es verdad que, como toda entidad estatal, la Contraloría tiene algunas limitaciones para realizar sus funciones y, por ello, la agenda del nuevo contralor tendrá que ser darle mayor énfasis al control preventivo, sanciones más drásticas a los corruptos, la detección oportuna de actos de corrupción, así como la decisión de investigar y denunciar sobre todo los grandes casos de irregularidades.

Si el Gobierno de PPK realmente está comprometido con atacar la corrupción, tendrá que asumir el liderazgo que ninguno de sus predecesores tuvo. Las pérdidas de US$ 3,000 millones anuales por corrupción no pueden pasarse por alto.