CORRUPCIÓN. La confesión de Marcelo Odebrecht respecto a las coimas que pagó en el Perú para obtener las licitaciones de diversas obras ha generado un gran revuelo en el país, al punto que diez de los decretos emitidos por el Ejecutivo tienen alguna relación con la corrupción y buscan sancionar tanto a los funcionarios del Estado que solicitan o aceptan prebendas como a las personas y empresas que las pagan.

Sin embargo, el Estado no debería ser el único interesado en el tema. La lucha contra la corrupción debe ser un reto para las empresas y sobre todo para los gremios que las agrupan que, hasta el momento, si bien se han pronunciado a través de comunicados repudiando los hechos, no han mostrado la intención de ir más allá.

Es verdad que la mayor parte de las compañías se sujeta al buen comportamiento corporativo pero no se puede ocultar que en los gremios hay socios que no actúan de manera adecuada e incluso incumplen las leyes; el caso de Lelio Balarezo del cual editorializamos (Gestión 23.04.2015) es un ejemplo claro, pues a pesar de tener un proceso por defraudación tributaria en trámite seguía siendo presidente de un gremio. Otro tanto se podría decir de las cadenas de farmacias sancionadas por Indecopi.

¿Los gremios cuentan con filtros antes de aceptar a una nueva empresa? ¿Funcionan sus códigos de ética? ¿Frente a denuncias de corrupción de uno de sus miembros cuáles son los pasos que siguen los gremios? La mayoría de empresas cuenta con códigos de ética, normas de cumplimiento (compliance) o buen gobierno corporativo, pero ello no asegura nada. Odebrecht lleva trabajando en el país más de 25 años y en este tiempo ha ganado diversos premios en reconocimiento a su labor, algunos incluso por su trabajo en responsabilidad social y contaba con un programa de compliance, pero ¿quién supervisa el comportamiento ético de las empresas?, ¿los gremios pueden o están capacitados para asumir está labor?

El presidente de Confiep, Martín Pérez, pide no generalizar y tiene razón, pero se requiere de una actitud más proactiva de los gremios para evitar la percepción que tiene la población de que todas las empresas son iguales.