COMPETITIVIDAD. El Perú ocupa el lugar 72 de 137 países en el Ranking de Competitividad del WEF, en su edición 2017-2018. Esta es la peor posición en los últimos 10 años y representa una caída de once puestos desde el año 2013, en que tuvo su mejor ubicación (puesto 61).

En dos de los siete pilares donde desciende, el retroceso fue dramático: instituciones y mercado de bienes. El rubro instituciones incluye temas como carga de la regulación gubernamental, fiabilidad de los servicios policiales, marco jurídico en la solución de controversias, confianza en los políticos, corrupción o eficacia en el gasto público. En este aspecto, la labor de los tres poderes del Estado ha sido muy pobre.

En el caso de mercado de bienes se evalúan aspectos como el porcentaje que representan las importaciones en el PBI, la eficacia de las leyes antimonopolio, los costos de la política agrícola o política tributaria, aspectos —sobre todo el tributario— donde han abundado las marchas y contramarchas.

El último resultado demuestra que para escalar y recuperar posiciones se vuelve imprescindible realizar varias reformas importantes, lo que pone una mayor presión al Gobierno actual, a la oposición y al próximo Gobierno, pues las verdaderas reformas requieren una apuesta por el largo plazo.

Las agrupaciones políticas que aspiran asumir el poder en el 2021 deben entender que mientras peor reciban el país más difícil será lograr avances significativos, salvo que dichos grupos tengan en mente cambiar de modelo económico o ceder a propuestas populistas.

Si bien el tema de cambios normativos es necesario, ello no es suficiente si no se tiene claro cuál es el camino a seguir. Más que esfuerzos aislados de algunos ministerios se necesita un plan nacional de competitividad y en este aspecto el Consejo Nacional de la Competitividad y Formalización debe asumir un rol preponderante que hoy no muestra, pues está centrada en hacer un seguimiento normativo, olvidando que aprobar una ley no significa resolver un problema, salvo que se asegure su aplicación y cumplimiento. En esta labor también debería jugar un papel el Ceplan, una institución infravalorada desde su creación.

Finalmente, no basta mirar el problema desde el vértice empresarial pensando solo en facilitar las inversiones, sino pensar también en el ciudadano. Es verdad que este Gobierno ha hecho algunos esfuerzos por simplificarle la vida a las personas, pero se olvida que las normas por sí solas no bastan, es necesario un seguimiento para asegurar que se cumplan. El trabajo que queda por hacer para subir en el Ranking de Competitividad es cuesta arriba.