REFORMA EDUCATIVA. Luego de varias semanas de huelga y negociación, el reclamo de los profesores ha quedado reducido a un solo punto, la evaluación de docentes y sus consecuencias, y eso impidió finalmente llegar a acuerdos.
Según la Ley 29944, la evaluación del desempeño docente es condición para la permanencia, en la Carrera Pública Magisterial. Es obligatoria y se realiza como máximo cada tres años. Los profesores que no aprueben en la primera oportunidad reciben una capacitación, luego son evaluados por segunda vez, si no aprueban, se les vuelve a evaluar, y si desaprueban en este tercer examen, son retirados de la Carrera Pública Magisterial. Los profesores retirados de la Carrera Pública Magisterial pueden acceder al Programa de Reconversión Laboral del Ministerio de Trabajo.
La razón de ser de la norma es la de asegurar la calidad del docente que se encargará de la formación de los niños, si un docente no está adecuadamente capacitado, poco o nada podrá enseñar a sus alumnos.
A pesar de ello, el reclamo de los dirigentes sindicales es sobre la decisión de despedir a un profesor que no apruebe (por tercera vez) su evaluación y la propuesta que plantean es que, si un profesor no rinde, se le deje en su puesto sin ascensos. Es decir, que le siga enseñando a los niños que tiene a cargo, aun cuando se demuestre que no está capacitado para hacerlo. Olvidando así las graves consecuencias que eso implica, pues la educación es un factor importante para la movilización social y para la productividad del país.
Resulta lógico que los profesores menos capacitados luchen por eliminar el sistema de meritocracia que existe legalmente desde el año 2007 (aunque no se haya cumplido en la práctica). Lo que no tiene justificación es que el Poder Ejecutivo y el Congreso declinen en su obligación de velar por los niños de este país y asegurarles una educación pública de calidad. La baja calidad de la educación pública genera que los padres busquen acceder a la educación privada, lamentablemente mucha de esta educación tampoco es excelente y la que sí cumple los estándares resulta económicamente inaccesible para un gran sector de la población.
El partido Acción Popular ya presentó un proyecto de ley para eliminar como causal de despido el no haber aprobado la evaluación de desempeño y al parecer los profesores en huelga presentarán un proyecto en similar sentido. Ahora le tocará al resto de bancadas demostrar que su labor va más allá de medidas populistas que benefician a un grupo de maestros en perjuicio de los niños.