REFORMA ELECTORAL. Desde la década de los 90 el país vive una decadencia de sus instituciones que se manifiesta en mayor o menor medida en casi todas las áreas del país. En medio de esa falta de institucionalidad la lacra de la corrupción ha tomado mayor relevancia en las entidades del Estado, el sector empresarial y los partidos políticos. Por el momento se han comenzado a dar algunos pasos para sancionar a funcionarios y empresarios, tratando de evitar que los delitos cometidos puedan volver a ocurrir.

Sin embargo, aún falta enfrentar el problema a nivel de los partidos políticos y sus integrantes. Aunque el primer desafío será justamente la falta de partidos en su real dimensión. Muchos de los que participaron en la última contienda electoral, apenas son agrupaciones unidas por intereses económicos, alrededor de un caudillo que terminados los comicios desaparecen, o se dividen, incluso si alcanzaron algún espacio en el Congreso, como ha ocurrido ahora y también en el pasado.

Desde el gobierno pasado la reforma electoral, que incluye cambios a la Ley de Partidos Políticos, ha estado en discusión en el Congreso y si bien se aprobaron algunas medidas, muchos fueron apenas cambios cosméticos o que finalmente generaron más confusión —como sucedió con el tema de donativos en campaña—. Actualmente, la congresista Patricia Donayre, preside el grupo de trabajo encargado de presentar en abril, una propuesta para ser debatida en la Comisión de Constitución y poder tener las modificaciones listas para las elecciones del 2018. En diciembre, cuando el grupo contaba con apenas tres integrantes, se presentó una propuesta parcial que incluía temas como la afiliación automática de los candidatos invitados al partido por el que postuló o la eliminación de las organizaciones distritales.

Sin embargo, uno de los temas que tomará varias horas de debate seguramente será el del financiamiento de partidos políticos. En este punto quizá lo más importante no sea definir quién puede o no entregar aportes, sino el nivel de fiscalización que se establezca y la transparencia con que dichos donativos se hagan. Siguiendo la recomendación de la Asociación Civil Transparencia, el poder de control y de sanción que puedan tener los organismos electores marcaran la pauta para evitar el ingreso de dinero ilegal. Tener las cuentas claras podría ser un gran primer paso.

Si no hay reforma electoral, que incluya a los partidos políticos, poco será el avance que se pueda dar en la lucha contra la corrupción.