SEGURIDAD. De todos los datos que contiene el informe sobre seguridad ciudadana en América Latina elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), uno que alarma es el porcentaje de presos que pertenecieron a las fuerzas armadas o policiales en el Perú: nada menos que 24.9%. Ese porcentaje multiplica por más de dos veces el de países como México (10.1%), Argentina o Brasil (6% en ambos casos).

Cabría preguntarse qué puede esperarle a un país en el que la cuarta parte de los delincuentes encarcelados fueron formados, en teoría, para proteger a la población y hacer cumplir la ley. Es casi seguro que las autoridades responderán con ofrecimientos de más inversiones en establecimientos penales –concesionados por ProInversión, por supuesto–, pero se hablará muy poco acerca de las causas de este problema.

Todos somos conscientes de lo poco que perciben los policías y militares en el país, pero el debate no puede enfocarse únicamente en esta dificultad porque todos también sabemos que la mayoría de policías y militares son personas honestas que escogen esas carreras llevadas por su vocación de servir a los demás. En suma, el aspecto crematístico es importante, pero no es el único que debe tenerse en cuenta para resolver el enredo.

Por ejemplo, la discusión pasa por alto la calidad de la formación que reciben las fuerzas del orden. Desde los procesos de reclutamiento y selección hasta la instrucción, tanto técnica como académica, la educación en este sector está envuelta en un halo de misterio más impenetrable que el de los colegios, universidades e institutos tecnológicos que, en la práctica, no están sujetos a ningún tipo de supervisión.

Pese a que el reto es inmenso, la solución no debería ser tan complicada porque el Estado sí está en condiciones de ejercer un control directo sobre la formación de policías y militares –hasta hay ministerios para cada caso–. Solo hace falta asumir el desafío.

La situación empeora con el resto de delincuentes y las respuestas represivas –léase hacinamiento carcelario– han demostrado ser ineficaces porque la criminalidad sigue aumentando. Es necesario seguir combatiendo el crimen, pero también es urgente comenzar a trabajar en la prevención. Algunos países como Colombia y Brasil ya lo hacen, así que no habrá que inventar la pólvora.