En el caso de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), la titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mintra), Nancy Laos, ha declarado que si ahora se cubre el 20% de las empresas que “realmente deben ser fiscalizadas”, se aspira a aumentar ese porcentaje al 40% para este año.

Pero el optimismo de la funcionaria fue más allá cuando resaltó que tiene la expectativa de reducir la informalidad laboral en el país del 58% al 48%. Laos no mencionó un plazo para que esos buenos deseos se conviertan en realidad pero sí reveló que se logrará a través de la intensificación de la lucha contra la informalidad laboral, tarea que pasará a manos de la Sunafil. En otras palabras, el gobierno confía en que la formalización de las empresas se reducirá mediante la profundización de la fiscalización, las multas y sanciones a las empresas, así como la orientación y asistencia técnica.

Nos preguntamos si el Mintra ha consultado estudios que concluyan que la fiscalización es un aliciente para que las empresas se pongan del lado de la ley, o si esa decisión responde a otro tipo de incentivos como la reducción de las barreras burocráticas y los sobrecostos. Lo que sí sabemos es que los rankings internacionales de competitividad le otorgan al Perú un puntaje muy bajo en materia de libertad para contratar personal y en el tiempo que toma establecer un negocio –los trámites municipales suelen ser el mayor escollo–.

En suma, lo que se necesita es una motivación que anime a las empresas a dejar de operar en las tinieblas, es decir, que perciban que si van a pagar impuestos, arbitrios y contribuciones sociales, recibirán a cambio algún beneficio de tipo económico. Por ejemplo, la posibilidad de contratar con el Estado, acceso a capacitación técnica o apoyo para exportar sus bienes o servicios.

No estamos proponiendo la vuelta a un Estado paternalista ni mucho menos, pero hace falta que en el tema de la formalización laboral, las normas sean más amigables. Dejémosle a la Sunat el papel de “cuco”.