RETO. El nuevo ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, ha hecho lo que hicieron todos sus antecesores –en el último cuarto de siglo– apenas asumieron la cartera: ratificar que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) no será privatizado. Aparentemente, esa parece ser la única preocupación de los políticos, tanto del Gobierno como del Congreso, y de los trabajadores de la entidad, naturalmente.

Es que cuando se trata de las carencias en el acceso al agua y desagüe de millones de habitantes de la capital, casi ninguna autoridad se inquieta y quienes tienen responsabilidad sectorial se limitan a anunciar grandes inversiones, supuestamente orientadas a reducir al mínimo ese déficit, pero “en el futuro”. Aunque Sedapal muestra resultados financieros en azul –en el primer semestre su utilidad operativa sumó S/ 162.8 millones–, su desempeño como entidad prestadora de un servicio básico es mediocre.

Según el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), al que está adscrito Sedapal, el año pasado la empresa amplió su cobertura de redes de agua potable en apenas 6 km, es decir, 0.04% con respecto al 2015 (cuando estaban en funcionamiento 14,360 km). En cuanto a las redes de alcantarillado, la cobertura se redujo de 13,008 km a 12,988 km.

La situación de las principales plantas de tratamiento tampoco ameritaría algún premio a la excelencia operativa. La Atarjea, que explica casi tres cuartos del agua que Lima consume, redujo su producción en 4.1%, lo mismo que la planta río Chillón, mucho más pequeña. Solo aumentó en la de Huachipa, así como en los pozos que extraen aguas subterráneas. El resultado fue un incremento total bastante modesto (0.17%).

Actualmente, Sedapal produce 17.5 millones de metros cúbicos diarios de agua potable, pero la demanda es de 26.98 millones de metros cúbicos. Teniendo en cuenta la poca capacidad de la empresa para atender a sus actuales usuarios, cabría preguntarse cómo podría cubrir las necesidades de quienes no son atendidos. El gran obstáculo que sigue enfrentando la política de saneamiento es que la opinión pública y muchos políticos se oponen a cualquier forma de participación del capital privado en el sector.

El Gobierno está intentando implementar una reforma estructural, pero, por ahora, solo ha promulgado decretos legislativos que, entre otros avances, incluyen el esquema de asociación público-privada (APP) para mejorar la cobertura y la calidad del servicio. Cambiar la percepción de la población será una tarea titánica, pero hay que asumir el reto.