ALERTA. La muerte de los bomberos Alonso Salas Chanduví, Raúl Sánchez Torres y Eduardo Jiménez Soriano, en un incendio en El Agustino, ha vuelto a generar cuestionamientos sobre la situación de una institución pública admirada y respetada por la gran mayoría de peruanos. ¿Por qué los bomberos trabajan en tan malas condiciones?, ¿por qué no se profesionaliza su labor?, ¿por qué tienen que suceder estas tragedias para que el Estado (y los medios) se acuerden de ellos?

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú está adscrito al Ministerio del Interior, una entidad que no destaca precisamente por un manejo eficiente de sus recursos –humanos y económicos–. Su presupuesto entre el 2013 y este año, en lugar de crecer, se redujo (de S/ 74.5 millones a S/ 45 millones). Para el 2017 se le han asignado S/ 81 millones, con los cuales habrá que cubrir el mantenimiento de equipos y vehículos, capacitación, entrenamiento y, suponemos, la alimentación de los oficiales cuando están de turno.

Cabría preguntarse si ese dinero también servirá para comprar equipos, pues los que existen son antiguos y, por tanto, no brindan una seguridad óptima. Pensar que se adquirirán unidades para reemplazar a las que se encuentran inoperativas sería un atrevimiento. En suma, los bomberos continuarán atendiendo emergencias en medio de la obsolescencia y, si algunos resultan heridos o pierden la vida, no tendrán ningún seguro que les respalde.

El Gobierno posee herramientas para revertir esta situación. Por ejemplo, podría ampliar el esquema de Obras por Impuestos para incluir la compra de vehículos y equipos para los bomberos –además de su mantenimiento–. En cuanto a la cobertura de seguros de accidentes y de vida, la semana pasada se plantearon alternativas interesantes.

Sin embargo, si el Gobierno busca modernizar al Perú y acercarlo al Primer Mundo, podría comenzar por analizar cómo tratan los países avanzados a sus bomberos. Para empezar, no son voluntarios sino profesionales que perciben sueldos y benefi cios laborales, cuentan con materiales e infraestructura apropiados, y así como son los primeros en responder ante las emergencias, reciben la prioridad que merecen cuando se elaboran los presupuestos públicos. A los nuestros les debemos ese trato, pues no basta con darles las gracias y declararlos héroes.