Por Diana Alvarez-Calderón
Ministra de Cultura
El Perú se convirtió en el primer país en crear instrumentos legales para cumplir con el Convenio 169 de la OIT, el cual sirve como base de una de las reformas sociales más importantes del actual Gobierno.
Desde el 2011, el Ejecutivo ha impulsado una agenda de trabajo, en diálogo con las organizaciones indígenas, para hacer efectivos los mandatos del Convenio tanto en materia de consulta previa como en otros aspectos de la política pública destinados a reducir el déficit de acceso a servicios básicos, educación y salud, dando una garantía tangible de que la confianza es clave para el desarrollo nacional.
Estos acuerdos, de obligatorio cumplimiento, demuestran que la consulta es un modelo de gestión viable, previniendo conflictos sin generar demoras en el inicio de los proyectos. La acción del Estado debe garantizar, además, el acceso a la salud, educación, o seguridad jurídica de la propiedad.
En ese sentido, se creó el Grupo Amazonía dentro de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, integrado por 12 carteras ministeriales.
Entre los primeros resultados de este espacio se encuentra la flexibilización del SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares) en los centros poblados indígenas, llegando a 332, 975 personas; está por promulgarse la Política Nacional de Salud Intercultural, elaborada por el Ministerio de Salud; y, el Reglamento Forestal y de Fauna Silvestre a cargo del Ministerio de Agricultura.
Uno de los componentes más novedosos de esta estrategia es la implementación del PIAS (Plataforma Itinerante de Apoyo Social) CON embarcaciones especialmente diseñadas para brindar servicios del Estado en la amazonía y el Titicaca.
Finalmente, creemos importante hacer mención al Proyecto de Ley N° 3941, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible, presentado por el Ejecutivo al Congreso de la República, para manifestar que el Gobierno mantiene su voluntad de respeto de derechos de los pueblos indígenas, que incluye mecanismos excepcionales para la protección de las tierras indígenas y reafirma derechos como la consulta previa.
Este proyecto – seguramente perfectible en el debate- recoge desde su exposición de motivos el carácter constitucional del Convenio 169 de la OIT, dando un mensaje de tranquilidad a los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas. El gobierno reafirma los compromisos adoptados en agosto del 2011.
