Madrid (EFE).- La constructora brasileña Oderbrecht pagó US$ 200 millones en comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de Latinoamérica a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), según informes confidenciales de la Policía de este Principado.

La información, que desvela hoy el diario español El País, afirma que los investigadores del caso, bajo las órdenes de la juez del caso, Canòlic Mingorance, barajan esta suma tras examinar las cuentas de 145 clientes.

El Gobierno de Andorra intervino en marzo del 2015 la BPA y el pasado año este pequeño país, ubicado en los Pirineos, fronterizo con España y Francia, renunció al secreto bancario.

Según el periódico, ha tenido acceso a la documentación confidencial que políticos, altos cargos de la Administración, funcionarios, abogados y testaferros de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina presentaron a la BPA para abrir sus cuentas secretas.

Odebrecht, según las fuentes, transfirió a estos depósitos sobornos millonarios que enmascaró como servicios que nunca prestó.

El escándalo de Oderbrecht ha destapado sobornos en 12 países de de Latinoamérica y África, incluido Brasil, por valor de US$ 788 millones, según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esta información ha afectado a los presidentes Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia) o Danilo Medina (República Dominicana) y a los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Ollanta Humala (Perú), en prisión por este escándalo.

Según la información periodística, la BPA de Andorra y el Meinl Bank de Antigua y Barbuda fueron los principales bancos utilizados por la compañía de Marcelo Odebrecht, que está en prisión, para pagar los sobornos a personajes clave en la adjudicación de obra pública.

Las pesquisas policiales y judiciales han revelado que Odebrecht utilizó las sociedades “off shore” Aeon Group y Klienfeld Services Limited para pagar los sobornos a políticos y funcionarios.

Además, según la investigación del periódico español, gestores de la BPA constituyeron sociedades en Panamá para ocultar a los titulares reales de las cuentas bancarias.

La investigación periodística desvela transferencias a familiares y personas cercanas a mandatarios latinoamericanos, como los padres del exministro panameño Demetrio Papadimitriu (cerca de diez millones de dólares) o el exvicepresidente de la empresa estatal Petróleos del Perú Miguel Atala Herrera durante la presidencia de Alan García (8,5 millones de dólares).

También cita como sobornados al exministro colombiano Gabriel García Morales (US$ 6.5 millones), y al exministro de electricidad de Ecuador Alecksey Mosquera, entre otros.

La conexión de la BPA con Odebrecht pasa, según desvela El País, por el antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo.