El último año y medio ha sido de trabajo intenso para Patricia Benavente, presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

A pesar de que lleva 18 años en temas de regulación y diez como abogada en la institución que ahora preside, comenta que durante este gobierno se han adjudicado proyectos en una cantidad que duplica a lo realizado por los dos gobiernos anteriores.

Han pasado de supervisar diez contratos de concesión hace unos años a contar con 29 contratos firmados. Los contratos del Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco (AICHC) y el Terminal Portuario de San Martín en Pisco (Ica) están a punto de sumarse a esta lista.

Solo con la concesión de la Línea 2 del Metro de Lima –la asociación público privada (APP) más cuantiosa en haber sido tramitada en el mundo en los últimos meses (US$ 6,000 millones)– han duplicado el monto global de la inversión comprometida del resto de contratos que supervisan.

Sin embargo, el Perú tiene aún una brecha enorme si se habla de infraestructura. Esto se agrava sobre todo cuando se habla de transporte.

“Ninguna infraestructura es un objetivo en sí mismo”, anota la presidente del Ositran. “Es un medio para alcanzar algo más. Tú quieres infraestructura de transportes porque quieres ser competitivo. Quieres que los costos de tu cadena logística se reduzcan. Cerrar la brecha no es solo provisión de infraestructura y servicios, es poder competir mejor en el comercio internacional”, añade.

Al respecto, el Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional (Conudfi), asociación que agrupa a todos los exportadores e importadores agremiados, resalta la labor del Ositran con miras a mejorar la competitividad.

“No solo se está preocupando porque se cumplan los contratos de concesión, sino también hay una preocupación por el nivel de servicio y los problemas operativos que se nos presentan con los concesionarios”, afirma Roberto De La Torre, presidente del Conudfi.

Retos conjuntos
Por un lado, el Ositran señala que los desafíos comienzan con las adjudicaciones. “Hay vida más allá del diseño del contrato”, apunta Benavente. La ejecución es fundamental y la labor no pasa solo por supervisar al sector privado.

“El Estado hace esfuerzos por convocar inversionistas, pero para tener éxito en esa labor tiene que demostrar que cumple sus obligaciones contractuales”, añade la presidenta del organismo supervisor.

Para De La Tore, la principal dificultad está en el cumplimiento de compromisos y obligaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Esto origina que se retrasen los compromisos de inversión de los concesionarios”, asegura el presidente de Conudfi. “Se requiere de decisión política para liberar las trabas y priorizar una agenda clara”.

Por otro lado, llama la atención las dificultades en la articulación entre los tres niveles de gobierno –nacional, regional y municipal– a la hora de priorizar inversiones que involucran al país en su conjunto.

“Es bien importante el trabajo de coordinación. En este sentido, los gobiernos regionales y las municipalidades tienen que saber que pueden tomar decisiones que perjudiquen el valor de esos proyectos”, comenta Benavente y coincide con Conudfi en que debe mejorarse en este punto.

Asimismo, otro de los desafíos que tiene el Ositran en materia de sistema de APP es la planificación estratégica de proyectos.

Para su presidenta hay que conectar las iniciativas del sector privado con los objetivos de equilibrio fiscal que el Estado debe tener. Todo lo anterior se suma al mayor reto de la institución que pasa por sistematizar mejor la supervisión.

“Queremos supervisar de manera preventiva que prevenga la ocurrencia de problemas. Una supervisión que acompañe al inversionista en el desarrollo del proyecto”, señala y deja claro su compromiso con cerrar la brecha.

Por una logística eficiente
El presidente del Conudfi, Roberto De La Torre, afirma que trabajan de manera conjunta con ProInversión, el MTC y el Ositran desde los borradores de contrato. Sin embargo, no se ha logrado implementar mejores mecanismos que permitan incorporar más de sus propuestas.

“Hoy observamos algunos problemas generados por no haber sido escuchados. Esperemos que con la experiencia obtenida en la operación de los contratos vigentes, las autoridades puedan realizar los ajustes necesarios para los contratos futuros. Nosotros como gremio apoyaremos con sugerencias y propuestas técnicas”, señala.

La meta es lograr inversiones en infraestructura con altos niveles de servicio, pero que también los costos sean competitivos a nivel logístico. Para ello proponemos lo siguiente: – Continuar el proceso de promover inversión privada en infraestructura de transporte con los puertos públicos de Bayóvar, Salaverry, Chimbote, Marcona, Ilo, Pucallpa e Iquitos. – Fortalecer la Autoridad Portuaria Nacional y evitar la duplicidad de funciones por parte de Dicapi con el DL N° 1147 para nombrar un presidente y los directores faltantes. – Continuar con el Plan de Mejora de Conectividad con la concesión de redes viales secundarias. – Invertir en obras complementarias para mantener el nivel de competitividad de los puertos peruanos. Es el caso de dragados, accesos terrestres, zonas de actividad logística, antepuertos, astilleros, entre otros.