“Chile sólo tiene un gran enemigo y se llama desigualdad”, declaró Michelle Bachelet el 11 de marzo cuando regresó a La Moneda, el palacio presidencial chileno, sólo cuatro años después de salir de ella.

Tras un intermedio del gobierno de centro-derecha, Bachelet ganó por goleada en las elecciones presidenciales del año pasado con el mayor programa de izquierda que el país haya visto desde el gobierno marxista de Salvador Allende, hace más de 40 años.

Argumentó que para el éxito económico de todo Chile no caiga en lo que los economistas llaman “la trampa de ingresos medios” y nunca pase a tener un status de país desarrollado, el Estado debe intervenir para fomentar una sociedad más justa y mejor educada.

Su plataforma de campaña contenía tres grandes propuestas. La primera fue una reforma de la educación inspirada en la idea de que el Estado debe ofrecer una educación gratuita e igual para todos.

En segundo lugar, su plan de gobierno incluía una nueva Constitución para reemplazar la existente, que, aunque gran parte fue modificada, se remonta a la dictadura del general Pinochet.

Y la tercera propuesta era una reforma tributaria destinada a aumentar los ingresos para pagar la reforma de la educación y hacer más justo el sistema tributario.

Bachelet no es una populista loca. Chile no es Venezuela , ni siquiera Argentina . En la realidad monótona de una democracia liberal latinoamericana, lograr la combinación mágica de una mayor equidad y una mayor prosperidad significa casarse con imperativos políticos con tecnicismos complejos.

La primera prueba para Bachelet será el proyecto de ley de reforma fiscal, que la presidente envió al Congreso hace unos días. Su objetivo es obtener ingresos extras de US$ 8,200 millones (o casi un 3% del PBI chileno).

La iniciativa contiene algunas medidas sensatas, incluyendo un impuesto al combustible y otro sobre las bebidas azucaradas.

Se propone también un aumento gradual en el impuesto a las empresas, de 20% a 25 , y una correspondiente reducción de la tasa máxima del impuesto sobre la renta personal -del 40 al 35%. Chile tiene un sistema fiscal integrado en el que los accionistas reciben un crédito para el pago de impuestos corporativos; el acercar las dos tasas impositivas puede desalentar a que las personas creen empresas ficticias.

El proyecto de ley también suprime un mecanismo conocido como el Fondo de las ganancias fiscales (FUT), en virtud del cual los accionistas no pagan el impuesto sobre los beneficios reinvertidos.

Los detractores del FUT se quejan, con razón, que el sistema ha sido objeto de abusos, mediante tarjetas de crédito corporativas y empresas ficticias en paraísos fiscales. Éstas habrían permitido a los ricos evadir impuestos sobre ganancias que han sido utilizadas realmente en consumo y no en inversión, como vacaciones personales y Ferraris, según indican las leyendas urbanas en Santiago.

Pero los defensores del FUT señalan, igualmente con razón, que el sistema ha sido un factor clave detrás del crecimiento económico de Chile impulsado por la inversión.

Como compensación por la supresión del FUT, el proyecto de ley presentado hace unos días permite la depreciación instantánea de maquinaria y equipo. Eso puede ayudar a los mineros y los fabricantes, pero no a las empresas de servicios.

A menos que se modifique, el proyecto de ley puede tener dos malos resultados.
Las utilidades retenidas son una gran fuente de financiamiento para la inversión de las empresas en Chile: las empresas pueden ahora tener que depender más de préstamos, lo que para las pequeñas empresas cuesta hasta un 15% al año.

En segundo lugar, los accionistas ahora tributarán por las ganancias que no reciben en forma de dividendos. Sería sorprendente si los cambios en los impuestos no incitaran a una cierta reducción de la inversión y en el precio de las acciones.

El hecho de que el proyecto de ley prevé poner fin al FUT sólo el 2018 sugiere que el equipo económico de Bachelet se da cuenta de esto.

Para empeorar las cosas, la economía de Chile se está desacelerando bruscamente al tiempo que el precio del cobre cae (el terremoto en alta mar de la semana pasada, en el que murieron al menos seis personas, parece no haber afectado minas locales). Más gasto público podría dar a la economía un impulso, pero no si se hace a expensas de la inversión privada.

El nuevo gobierno podría haber optado por cerrar las brechas en el FUT, en lugar de abolirlo. Éste no dijo mucho acerca de la forma en que la política se realiza ahora en coalición de Bachelet, cuyos partidos principales gobernaron Chile desde 1990 hasta el 2010.

La eliminación del FUT fue propuesto por un rival de Bachelet en las elecciones primarias de la coalición el año pasado, y la política fue inmediatamente adoptada por todas las partes en la agrupación. En el pasado, los líderes del partido hubieran hecho caso a sus expertos técnicos sobre estos asuntos. En el clima político más populista de Chile, eso ya no es así.

La reforma tributaria es simple en comparación con los planes del gobierno para la educación. En cuanto a la tarea de reemplazar la Constitución, no es de extrañar que la presidenta haya pateado este tema hasta fines de año.

Bachelet tiene razón cuando dice que Chile es en muchos aspectos un país injusto que tiene que cambiar. Pero ella necesitará todas sus considerables habilidades políticas, sino va a sacrificar una política pública sólida en el altar del populismo.

Tomado de la revista The Economist