OCDE: Es inevitable que la empresa asuma su responsabilidad en casos de soborno

Expertos internacionales afirman que los esfuerzos del Gobierno para ser parte de la OCDE requieren de la adopción de una política firme para luchar contra la corrupción.

Nicola Bonucci, director de Asuntos Jurídicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien ha asesorado al Gobierno en sus esfuerzos de adhesión a este organismo, considera que “la ratificación de la Convención Anticohecho de la OCDE y las reformas legislativas que este proceso pueda requerir, son obligatorias si el Perú quiera convertirse en uno de sus miembros”.

Al respecto, Graham Hand, experto en anticorrupción de GovRisk y coordinador del Foro contra la Corrupción del Reino Unido, anota que la adhesión a la OCDE será beneficiosa para el Perú, ya que le permitirá “comparar sus políticas con las de otros miembros a fin de analizar en profundidad lo que funciona y lo que no resulta efectivo en los ámbitos económico y social.

Sobre esto último, ante algunas preocupaciones respecto a que tales reformas podrían socavar la competitividad internacional del país, los expertos internacionales consideran que es preciso tener en cuenta la tendencia mundial actual a regular la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, como es el caso de países como el Reino Unido, Chile, España y Brasil.

Según Hand, “el poder de las grandes corporaciones modernas y su alcance global hacen que sea inevitable que la propia empresa asuma la responsabilidad en un caso grave de soborno, y no solo los empleados o contratistas involucrados directamente”.

En una reciente visita a Perú convocada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la Presidencia del Consejo de Ministros, Bonucci se reunió con altos funcionarios para discutir cómo optimizar el esfuerzo anticorrupción del país.

Entre ellos figuran el ministro de Justicia, Daniel Figallo, y el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Juan Carlos Eguren, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Luis Salazar, y el presidente de la Confiep, Alfonso García Miró.

Además, se unió en el proyecto financiado por la Embajada Británica en Lima, Graham Hand, experto en anticorrupción de GovRisk y coordinador del Foro contra la Corrupción del Reino Unido.

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