La organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) difundió un informe que señala que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para dinamizar la economía local, principalmente los aspectos ambientales, contraviene los compromisos asumidos por el Estado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Según el documento elaborado por DAR, Muqui Red de Propuesta y Acción, el Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) y CooperAcción, el proyecto vulnera y pone en riesgo derechos fundamentales, mandatos constitucionales y contraviene la normatividad especializada en medio ambiente, así como los principios que garantizan el derecho constitucional a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado.

Menciona que el TLC señala que ambas partes “reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en sus respectivas legislaciones ambientales”.

El tratado establece, según el análisis, que las partes no dejarán sin efecto o derogará dicha legislación de manera que debilite o reduzca la protección otorgada por aquella legislación de manera que “afecte el comercio o la inversión entre las partes”.

Asimismo, menciona el informe que el proyecto de ley contraviene otros tratados internacionales vinculantes ratificados por el Perú, como el Protocolo de San Salvador, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este último establece que “los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.

También contradice otro tratado internacional vinculante como es la “Carta Democrática Interamericana”, instrumento de la Organización de Estados Americanos (OEA) que en su artículo 15 establece que “es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones”.

El informe señala que las medidas ambientales del proyecto de ley demuestra un accionar “contradictorio y equívoco” del Estado peruano, puesto que incumpliría los compromisos de la “Comisión Multisectorial encargada de elaborar propuestas normativas y políticas orientadas a mejorar condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollan las actividades económicas, especialmente las industrias extractivas”.

Dicha comisión acordó, entre otros objetivos, mejorar el desempeño del Estado peruano en la regulación y gestión ambiental y la promoción de inversiones sostenibles en actividades productivas y extractivas, comprometiéndose a fortalecer e implementar diversos estándares sociales y ambientales.