PARTICIPACIÓN. Según José Luis Escaffi, gerente general de Apoyo Consultoría Pública, en el Perú se dejan de ejecutar S/. 8,625 millones de inversión pública al año. Esta cifra es todavía más impactante si consideramos que la falta de infraestructura no solo limita la competitividad del país sino la superación de la pobreza al impedir la llegada de servicios públicos básicos. Por otro lado, la infraestructura de conexión, como demuestra Richard Webb en su libro “Conexión y despegue rural”, tiene el potencial de generar un enorme dinamismo económico en las zonas más pobres y alejadas del país. Nuestro déficit en infraestructura, sin embargo, bordea los US$ 90 mil millones para el periodo 2012-2021 según AFIN.
¿Por qué no se gasta, pues, si hay tanto por hacer? Uno de los principales cuellos de botella que impide la ejecución de todo lo programado es la modalidad preferida por la burocracia. Casi la totalidad de los proyectos de inversión pública en cada uno de los tres niveles de gobierno son ejecutados directamente o a través de contratas: sistemas que, además de ocupar una gran cantidad de recursos, son sumamente ineficientes. Existen alternativas más convenientes, pero por una cuestión de desconocimiento, estas todavía no son ampliamente implementadas.
El mecanismo Obras por Impuestos, por ejemplo, permite a las empresas privadas financiar y ejecutar proyectos de inversión pública en infraestructura a cambio de que el monto invertido sea descontado de su Impuesto a la Renta. El marco legal tiene fijado un límite de S/. 28 mil millones para ser canalizados por esta vía, no obstante, hasta la fecha solo existen 47 proyectos ejecutados o adjudicados con un total de S/. 620 millones.
Las asociaciones público-privadas (APP), por otro lado, le permiten al Estado contratar a privados para crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos. Así se puede minimizar el uso de recursos públicos. Lamentablemente, virtualmente ningún municipio aparte de Lima Metropolitana las ha utilizado en el país.
El Gobierno viene promoviendo, a través del marco legal, la participación privada en las obras y servicios públicos; sin embargo, esta estrategia debe incluir una de información y empoderamiento dentro de la administración pública. Como ha sugerido AFIN y Apoyo Consultoría, se debe modificar el reglamento de infracciones y sanciones a fin de reducir la inacción de los funcionarios.
