Si usted estuvo recientemente en el aeropuerto La Guardia de Nueva York, tomó un tren londinense en hora punta, trató de conducir en Lagos o ha soportado uno de los cortes de energía que afectan a diversas partes de India, usted tendrá conocimiento de primera mano del déficit de infraestructura en el mundo.

Según el Foro Económico Mundial , el gasto global en infraestructura básica de transporte, electricidad, agua y comunicaciones actualmente asciende a US$ 2.7 billones al año, cuando debería ser de US$ 3.7 billones. La brecha es casi tan grande como el PBI de Corea del Sur. Y es probable que siga creciendo rápidamente.

Gran parte del dinero para cubrir esa brecha tiene que provenir de las arcas públicas: incluso en una época de austeridad muchos gobiernos deberían gastar más.

Con las economías débiles y los préstamos baratos, es ilógico que el gasto en infraestructura pública de Estados Unidos se encuentre en mínimos niveles en 20 años, aun cuando las carreteras, puentes y presas del país sean clasificadas en nivel ”D+” por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles.

Las economías emergentes carentes de financiamiento tienen espacio para reducir subsidios ineficientes (como al combustible) y desviar el dinero hacia la construcción de mejores caminos y alcantarillas.

Pero el dinero público puede ser sólo una parte de la solución. La mayor oportunidad radica en el aprovechamiento del capital privado. Por desgracia, los grandes bancos globales que prestan dinero para financiar proyectos de infraestructura se están replegando. Ello debido a que las nuevas normas de capital “Basilea 3 “ hacen que este tipo de préstamos sean menos atractivos.

La potencial olla de oro está en otra parte; en los US$ 50 billones del capital gestionado por los fondos de pensiones, fondos de riqueza soberana, compañías de seguros y otros inversores institucionales. Sólo el 0.8% de ese monto se asigna actualmente a la infraestructura. Aumentar en diez veces esa proporción sería un buen objetivo.

De los fondos de pensiones hasta las centrales eléctricas
En principio, la inversión en una central eléctrica o una carretera debe tener una perspectiva atractiva para los inversores institucionales. La larga vida útil de los títulos de éstas obras los hacen perfectos para ser adquiridos como activos de largo plazo por un fondo de pensiones.

Los proyectos de infraestructura ofrecen un flujo de efectivo fiable, una cobertura contra la inflación, baja volatilidad y retornos que generalmente no están correlacionados con otros activos.

En la práctica, sin embargo, muchos gestores de fondos los han evitado, asustados por la magnitud de las obras, complejidad y riesgos políticos involucrados.

Los fondos de pensiones individuales carecen de la experiencia necesaria para evaluar proyectos complicados, muchos de los cuales han sido soñados por los políticos que se preocupan más en los votos que en la viabilidad comercial.

Además la corrupción es endémica y las trabas políticas, desde ambientalistas enfadados hasta votantes furiosos por los crecientes precios de la energía, son cuantiosas. En las economías emergentes , estos peligros se magnifican por la posibilidad de crisis monetarias.

Pero en ambos aspectos algunas innovaciones podrían transformar el mercado.
La primera prioridad es la profesionalización de la gestión de proyectos. Cada país necesita un grupo de burócratas competentes que tenga autoridad y capacidad para diseñar una cartera de oferta de proyectos de infraestructura viables, y además cuenten con la influencia política para estandarizar los procedimientos de contratación y otros aspectos prácticos para la adjudicación de la construcción de un camino o la excavación de túneles.

Algunos países ya lo vienen haciendo de ese modo. Chile cuenta con un Sistema Nacional de Inversión Pública que ha mejorado dramáticamente la eficiencia de su gasto de capital. Canadá y Australia sobresalen. Pero en demasiados países los tecnócratas tienden a estar debajo del pulgar de los políticos y no a la altura del puesto. En los países más pobres los fondos de ayuda podrían ser utilizados para pagar a equipos de profesionales de primer nivel.

La segunda prioridad es simplificar el sistema para reducir los riesgos no relacionados con la viabilidad comercial de un proyecto. Por un pago adicional, los gobiernos y las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, ya protegen a los inversionistas privados contra riesgos políticos, como la expropiación de sus activos.

Las agencias de desarrollo de los países ricos también ofrecen garantías para proyectos de inversión de sus empresas. Pero el sistema es pequeño, fragmentado y orientado a los bancos. Para fomentar el crecimiento de un mercado de bonos de infraestructura, las grandes organizaciones de desarrollo, lideradas por el Banco Mundial , deberían proporcionar un menú más grande y más estandarizado de mejoras crediticias y de garantías.

Estos cambios podrían tener resultados dramáticos. Los bonos de infraestructura podrían llegar a ser tan difundidos como los valores respaldados por hipotecas. Eso no va a significar que en todos los países africanos se desarrollen las redes de carreteras que se necesitan. Pero ayudarían a garantizar que más del ahorro de hoy financie los componentes básicos del crecimiento económico del mañana.

Tomado de la Revista “The Economist”