El nuevo contralor, Édgar Alarcón, no es precisamente un “novato”. En realidad, es un contador con más de 19 años de carrera en la Contraloría General de la República, y que en los próximos siete años que durará su gestión buscará darle “garras” a la institución con un paquete de medidas que trae bajo el brazo.

Entre las propuestas más controvertidas que alista en este paquete destaca una que buscaría que todos los funcionarios públicos que ganen más de S/ 3,950 (una UIT) estén obligados a presentar una declaración de ingresos y rentas ante la Contraloría.

Según cálculos de la propia institución, en el país existen 1.3 millones de servidores públicos en todos los niveles de Gobierno, pero solo presentan declaración jurada de ingresos y rentas, 35,000 trabajadores del Estado, es decir, más de 1.2 millones no declara.

“Nosotros estamos indicando que debe modificarse la ley, el reglamento, donde se exija que todo funcionario público que percibe ingresos (mensuales) por encima de una UIT presente su declaración de ingresos y rentas a la Contraloría”, comentó Alarcón a Gestión.

El contralor estimó que si el Congreso aprobase esta norma al menos unos 600,000 funcionarios públicos adicionales presentarían su declaración y con el tiempo la obligación se podría extender a los trabajadores que ganen menos de una UIT.

Pero para complementar esta medida, Alarcón también solicita tener acceso a las diferentes bases de datos de información del Estado, como el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Reniec, Poder Judicial, Migraciones o Sunarp, para cruzar información de las declaraciones juradas.

“Si quiero información tengo que solicitarla por cada entidad pública, tengo que hacer una fiscalización casi manual, por eso prefiero tener 600,000 declaraciones que a 1.3 millones. No estoy yendo al extremo de tener el secreto bancario o tributario pero por lo menos lo básico”, explicó.

Plantea nueva procuraduría anticorrupción
Otra de las propuestas que busca implementar el contralor en su gestión es la creación de una procuraduría anticorrupción unificada y que dependa de la Contraloría para que sea responsabilidad de esta institución hacer seguimiento a todos los casos.

Bajo la normativa actual, las procuradurías están dispersas a nivel nacional e instaladas en todos los ministerios, gobiernos regionales y municipalidades. Además de que los casos de corrupción lo ven procuradores que son pagados por cada entidad.

“ La propuesta es que todos estos casos de corrupción se puedan ver en una procuraduría unificada, integrada, a cargo de la Contraloría, para que sea nuestra responsabilidad hacer el seguimiento de manera íntegra, con nuestro personal pagado por nosotros”, sustentó.

En todo caso, todas estas propuestas primero deberán pasar por el nuevo Congreso antes de materializarse.

‘‘He conversado con PPK y fujimorismo”
Consensos. El paquete de medidas que busca implementar el contralor requiere de consensos. Alarcón comentó que ya se reunió con el electo presidente Pedro Pablo Kuczynski para exponerle su plan de trabajo.

Pero consciente de que la mayoría de estas medidas requiere cambios legislativos, también conversó con la bancada fujimorista. “Les ha parecido muy bien la propuesta, dicen que si lo proponemos no tendrán ningún problema en aprobarlo ”.

“Deberíamos poder parar procesos de contratación”
El contralor, Édgar Alarcón, cree que una de las formas de darle “garras” a la institución sería permitir a la Contraloría detener procesos de adquisición o compras del Estado para ser más efectivos en el control preventivo.

“Actualmente yo puedo decir preventivamente ‘hay estos riesgos’ y recomiendo ajustar porque en el futuro pueden tener problemas. Pero si nos dan la capacidad para poder suspender procesos de selección, creo que podríamos ser mucho más efectivos”, mencionó.

Alarcón también cree que la Contraloría debería poder participar, junto a otras instituciones, en la formulación de los proyectos de inversión pública para evitar problemas futuros en el diseño.

“Nos podemos juntar y en lugar de que sea un trámite más, se pueden hacer mesas de trabajo conjuntas con ProInversión o el ministerio respectivo, el MEF, y vemos técnicamente el proyecto y si es viable lo aprobamos con un acta y seguirá para adelante”, plantea.

Otra de las propuestas para evitar corrupción en las obras públicas, es que el supervisor contratado para los proyectos sea designado expresamente por la Contraloría y que este responda principalmente a la institución.