Que la economía nacional puede crecer en torno a su potencial (estimado alrededor del 6.5%) no es novedad, ya lo demostró en la última década. Ello es el resultado de las reformas económicas profundas (realizadas en las dos últimas décadas) acompañadas de un buen manejo macroeconómico (fiscal y monetario) con el mismo modelo y un marco jurídico atractivo y estable para las inversiones, en un contexto de buenos precios de las materias primas.

No sorprende, por ello, que mientras duró el boom de precios altos de los minerales, se haya mantenido cierto dinamismo económico con el gobierno actual. Sin embargo, las dificultades para sostener un crecimiento alto parecen haber empezado. Pero vienen no sólo del entorno internacional negativo (que se refleja en la menor demanda y precios de commodities, y en la volatilidad de flujos de capital) sino también de la política interna.

No en balde se dice que, en estos dos años del gobierno actual, el ministro Castilla ha sido un buen ministro de Finanzas, al mantener la disciplina fiscal, pero no así de Economía: los avances en las reformas necesarias para aumentar la productividad y competitividad del país, así como para mantener un marco atractivo para las inversiones (que son los que garantizarán un crecimiento sostenido en el mediano plazo) si bien se han emprendido (lo cual es mérito), son lentas y parciales. Se estarían enfocando más en el ordenamiento salarial sin que exista un nexo claro entre los aumentos y la mejora en los servicios públicos que se requiere para acompañar el crecimiento sostenido (con excepción quizás de la reforma en Salud, cuya normativa recién se conocerá en unos meses). Además, se hacen en mal momento, cuando la popularidad del Presidente está cayendo, por lo que sus resultados están todavía por verse.

En cuanto al marco para la inversión, este gobierno borra con el codo lo que hace con la mano: la positiva simplificación de trámites y trabas burocráticas a la inversión privada se contradice con las dificultades que está ocasionando la Consulta Previa, política que ha estado mal encaminada (a cerca de dos años de publicada esta ley no se ha realizado ni una consulta). A ello se agregan las malas señales políticas (intento de compra de activos de Relapasa por parte del Gobierno, mala resolución de conflictos sociales, entre otras) contra la inversión. Si bien la inversión privada mantiene un buen dinamismo (que obedece a la fortaleza de la demanda interna producto de mejores niveles salariales y aumento de la clase media y a proyectos de inversión en marcha), esta se ha desacelerado y su recuperación dependerá de que se recupere tanto el entorno internacional como la confianza de los agentes económicos en el gobierno.

Lo dicho se refleja nítidamente en el sector minero, donde se perdió el rumbo de las inversiones porque a la política y malas señales internas se sumó el entorno internacional negativo (caída de la demanda y de los precios de los minerales). En el sector energético, no se llegó a establecer un rumbo definido (el gasoducto sur el un ejemplo de ello) que se plasme en una política integral que oriente las inversiones privadas que a la fecha han obedecido básicamente a la demanda creciente y falta una visión de más largo plazo.

La manufactura (sector que crea más empleo) es otro de los sectores que más ha sufrido los embates de la debilitada demanda externa, pero también de la competencia de bienes importados (con un tipo de cambio revaluado que recién últimamente ha mostrado una tendencia creciente). Podría decirse que el manejo del sector ha estado en ´piloto automático´ y el plan de industrialización que anunció este gobierno parece estar muy lejos de concretarse. Las modificaciones recientes en la Ley Pyme incorporan algunas facilitaciones para la formalización de estas empresas, pero están en la misma línea de las que ya contenía la legislación respectiva, por lo que es poco probable que tenga los resultados esperados.

En el sector pesquero ´llueve sobre mojado´ porque además de los bajos precios y demanda externa, la normativa aprobada por este gobierno para el manejo de la biomasa entre las 5 y 10 millas, para destinarlas al consumo humano directo, no parece tener los resultados que se esperaban. El consumo humano de pescado no ha aumentado de manera notoria (fresco y en conservas) y los precios del pescado fresco han aumentado. Además, hay indicios de que la mayor parte de la captura realizada en esa nueva franja sigue destinándose la industria harinera.

En el sector agrario, que también ha sido afectado (pero menos) por la menor demanda externa, los avances se han visto en torno básicamente de esfuerzos privados y a partir de una mayor conectividad vial en el interior del país. Sin embargo, el Censo Agropecuario 2012 (cuyos resultados se conocieron la semana pasada) es revelador: el minifundio (menos de 5 Has.) ha crecido (82% de las unidades agropecuarias y casi todas ellas se conducen de manera personal y no empresarial) lo cual hace muy difícil impulsar las exportaciones agropecuarias, ya que seguimos siendo una especie de ´país de macetas´, con productores muy pequeños poco conectados a la modernidad (sólo 8% accede al crédito formal). Hay mucho por hacer como diría el poeta.